Begoña Gómez irá a juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación
El auto ya está firmado y cambia el escenario del caso. El juez Juan Carlos Peinado ha abierto juicio oral con jurado contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, una decisión que la sitúa ante el banquillo después de más de dos años de instrucción.
La resolución también alcanza a Cristina Álvarez, exasesora de Gómez en La Moncloa. En su caso, el procedimiento seguirá por un presunto delito de malversación, mientras que la acusación dirigida contra Gómez conserva dos frentes: el uso de influencias y el destino de recursos públicos.
El paso dado este 21 de septiembre no equivale a una condena ni determina culpabilidades. Es la apertura formal de la fase de juicio oral, en la que deberán exponerse las pruebas y argumentos de acusaciones y defensas ante un jurado popular y el tribunal competente.
La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid obligara a rehacer el final de la instrucción. El órgano revisó una apertura anterior, descartó dos de los delitos que entonces se atribuían a Gómez y mantuvo la vía del jurado para las imputaciones restantes.
En la primera resolución de junio, el instructor había incluido tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Tras los recursos presentados, el perímetro se redujo y el nuevo auto se centra en tráfico de influencias y malversación para Gómez.
Para Cristina Álvarez, la causa queda limitada a la presunta malversación. La investigación examina si su posición como asistente en Presidencia fue utilizada para tareas privadas vinculadas a Begoña Gómez, un extremo que deberá ser debatido con garantías durante el juicio.
El origen del procedimiento se remonta a 2024 y a las actividades profesionales de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. La investigación ha revisado, entre otros elementos, la creación de una cátedra extraordinaria y el desarrollo de un software ligado a ese ámbito universitario.
El auto sitúa ahora el expediente fuera de la fase de investigación ordinaria. La Audiencia Provincial de Madrid deberá asumir los siguientes trámites y señalar la fecha de una vista que, por su naturaleza, contará con ciudadanos elegidos para integrar el jurado popular.
Las posiciones de las partes siguen siendo opuestas. La acusación popular liderada por Hazte Oír sostiene su petición de penas de prisión, mientras que la Fiscalía y las defensas reclaman la absolución de las acusadas y cuestionan que los indicios reunidos permitan sostener las imputaciones.
Antes de dictar el auto, el juez celebró una audiencia preliminar el 8 de septiembre. En aquella sesión se discutió la procedencia de abrir juicio oral y las defensas plantearon objeciones al escrito de acusación, que finalmente no han detenido el avance del procedimiento.
La decisión se produce pocos días antes de la jubilación prevista del magistrado Peinado. El instructor ha dejado así resuelto el último trámite que dependía de su juzgado, aunque la celebración efectiva del juicio y su calendario quedarán ya en manos del órgano que reciba la causa.
La causa contra el empresario Juan Carlos Barrabés queda al margen de este juicio con jurado. La investigación sobre la legalidad de determinadas adjudicaciones públicas seguirá una vía separada, de modo que ese bloque no forma parte de la apertura acordada para Gómez y Álvarez.
El proceso entra en una etapa más visible, pero también más exigente en términos de prueba. Los hechos atribuidos deberán ser concretados y contrastados en sede judicial, y la presunción de inocencia de Begoña Gómez y Cristina Álvarez permanece intacta hasta una sentencia firme.
El caso deja atrás el terreno de las diligencias y se asoma a un juicio que aún no tiene fecha. El auto abre una puerta decisiva en un procedimiento de gran impacto político y judicial, pero el desenlace dependerá de lo que ocurra cuando las pruebas sean examinadas ante el tribunal.
