El acusado de matar a Diana en Usera admite el crimen ante el jurado
La sala de la Audiencia Provincial de Madrid escuchó este lunes una admisión que concentra el peso de un caso que llevaba casi dos años abierto. Augusto Marcelino reconoció ante el juez y el jurado que mató a Diana Marisol, de 29 años, en el distrito de Usera, durante la madrugada del 30 de diciembre de 2024.
El acusado, de 60 años, se enfrenta a una petición de 26 años de prisión: veinticinco por asesinato y uno por quebrantamiento de medida cautelar. Su declaración no cierra el juicio, pero sitúa en el centro la violencia que terminó en una habitación de una vivienda compartida y las circunstancias que rodearon aquella noche.
Diana había salido con amigos y regresó de madrugada al piso de la Travesía de Santoña. La convivencia entre ambos se había reanudado pese a que sobre él pesaba una orden de alejamiento dictada el 22 de noviembre de 2024, que le impedía acercarse a menos de 500 metros y comunicarse con ella.
Ante el tribunal, el procesado describió una discusión ligada a las salidas de la joven y reconoció que cogió un cuchillo. El relato sitúa la agresión dentro de la habitación, después de que el enfrentamiento escalara y mientras el resto de inquilinos permanecía en el inmueble sin conocer todavía la dimensión de lo que ocurría.
La acusación sostiene que el ataque fue por sorpresa, cuando Diana se disponía a dormir. Las heridas en el cuello y el tórax alcanzaron vasos sanguíneos vitales y provocaron su muerte en poco tiempo. Esa secuencia es clave para la calificación de asesinato y para la agravante de alevosía que se debate en la vista.
Tras la agresión, Augusto abandonó el piso y dejó el cuchillo en el salón. Los compañeros de vivienda avisaron a los servicios de emergencia y a la Policía. El acusado fue localizado después en las inmediaciones, donde se entregó tras recibir la llamada de un amigo que le advirtió de que lo estaban buscando.
La orden de alejamiento no era una medida abstracta ni un antecedente remoto. Diana había denunciado en tres ocasiones a su expareja por malos tratos y figuraba con una valoración policial de máxima alerta. También constaban episodios anteriores de amenazas y agresiones, además de una huida por el balcón de su vivienda.
La vuelta a la convivencia no anulaba aquella prohibición judicial ni trasladaba la responsabilidad de cumplirla a la víctima. El quebrantamiento forma parte de la acusación y explica por qué la Fiscalía suma un año de cárcel a la pena solicitada por el asesinato, junto a otras medidas de alejamiento y control posteriores.
El hijo de Diana, de ocho años, no estaba en la casa cuando ocurrió el crimen. La Fiscalía reclama una indemnización de 340.000 euros para el menor por la pérdida de su madre y otras cantidades para los padres de la joven. El procedimiento coloca así también en primer plano las consecuencias que permanecen fuera de la sala.
La representación de la familia ha anunciado que estudia exigir responsabilidades al Estado por la protección que recibió Diana. La reclamación se dirige a determinar si el seguimiento del riesgo y las medidas activadas respondieron a la gravedad de las denuncias previas, una cuestión distinta de la responsabilidad penal que se juzga ahora.
El jurado popular deberá valorar el conjunto de las pruebas, no solo la confesión del acusado. Esta semana están previstas las declaraciones de peritos policiales y otros testimonios. La admisión de haber clavado el cuchillo marca un avance judicial relevante, pero la sentencia dependerá de la valoración completa de la prueba practicada.
El caso expone una cadena de decisiones y vulnerabilidades que se cruzaron antes de la muerte de Diana: denuncias, una orden vigente, una convivencia reanudada y una agresión mortal. El debate judicial no trata de convertir esa secuencia en una explicación, sino de fijar hechos, responsabilidades y las medidas que fallaron o debieron actuar.
La acusación particular reclama que la muerte no quede reducida a la confesión final de quien la causó. Su planteamiento busca revisar el contexto de protección en el que vivía la joven y el alcance de la respuesta institucional. Para su familia, el juicio también es el espacio donde se pregunta por qué el riesgo detectado no evitó el desenlace.
Mientras el proceso continúa, Diana queda en el centro de una historia que no empezó la noche del ataque ni termina con la declaración del acusado. La vista deberá resolver la responsabilidad penal y las peticiones de indemnización, pero deja ya una certeza dolorosa: una orden de alejamiento vigente no impidió que la violencia llegara hasta su habitación.
