Juana Rivas: la Fiscalía pide archivar la causa por sustracción de menores

La Fiscalía de Granada ha pedido el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores. El escrito no pone un punto final definitivo al procedimiento, pero cambia de forma sustancial el horizonte de una investigación que seguía abierta.

La petición fiscal parte de una conclusión precisa: las diligencias practicadas no han reunido elementos suficientes para sostener una acusación. En el centro del expediente permanece la decisión de que el hijo menor de Rivas se quedara en España tras las vacaciones de Navidad de 2024, sin regresar de inmediato a Italia.

La denuncia que originó la causa fue presentada en marzo de 2025 por Francesco Arcuri, padre del niño y titular de su custodia en Italia. El conflicto no nació en un vacío judicial: el regreso del menor había quedado rodeado de resoluciones, recursos y medidas que cruzaban las fronteras entre España e Italia.

Durante aquellos meses, la permanencia del niño en España fue sometida a decisiones sucesivas. Un juzgado de guardia suspendió de forma provisional el retorno después de escucharlo, y la situación quedó vinculada también a la existencia de un procedimiento en Italia en el que Arcuri estaba procesado por presuntos malos tratos.

La Fiscalía sostiene ahora que aquel contexto diferencia estos hechos de los ocurridos en 2017, episodio por el que Rivas fue condenada. No se trata, por tanto, de revisar aquella sentencia anterior, sino de valorar si la retención posterior del menor alcanzaba los requisitos necesarios para abrir una nueva acusación penal.

El informe que reclama el archivo está fechado el 14 de septiembre y fue dirigido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada. Será ese órgano judicial el que deba resolver la solicitud y determinar si adopta el sobreseimiento provisional que ha interesado el ministerio público.

Rivas declaró como investigada en este procedimiento en octubre de 2025. Desde entonces, la causa ha permanecido como una amenaza judicial paralela a la disputa por la custodia y al proceso abierto en Italia, un laberinto en el que cada resolución alteraba la posición de las partes.

El archivo provisional no equivale a una declaración de inocencia ni cierra para siempre cualquier posibilidad de reabrir las actuaciones si aparecieran nuevos indicios. Sí supone que, con el material reunido hasta ahora, la Fiscalía no aprecia base suficiente para llevar la causa a una fase de acusación.

La clave de la petición está en la falta de acreditación bastante de un nuevo delito de sustracción de menores. En un asunto marcado por decisiones judiciales de distintos países y por la escucha del propio niño, la valoración penal exige separar el conflicto familiar de lo que pueda probarse como delito.

El menor regresó con su padre a Italia en julio de 2025, después de que las resoluciones sobre su restitución fueran confirmadas. Ese desenlace no borró la investigación abierta en Granada, pero forma parte del recorrido que la Fiscalía ha tenido que examinar al valorar el alcance de la denuncia.

Para Rivas, la solicitud representa un alivio en una secuencia judicial que se ha extendido durante años y que ha expuesto cada decisión familiar al escrutinio de tribunales españoles e italianos. Para Arcuri, la decisión solicitada todavía no es el cierre formal: queda pendiente la resolución del juzgado instructor.

El caso conserva además una dimensión especialmente sensible por las alegaciones de maltrato que rodean el litigio de custodia. Esas acusaciones se tramitan en un marco distinto y no son resueltas por el escrito que pide archivar la causa por sustracción, aunque ayudan a explicar la intensidad del conflicto.

La decisión que adopte el Tribunal de Instancia de Granada marcará el siguiente paso. Si acepta la petición, el procedimiento quedará sobreseído provisionalmente; si no, la investigación podría continuar. El cambio más visible ya está sobre la mesa: la acusación pública no ve elementos para sostener el proceso.

Tras años de recursos, entregas, denuncias y decisiones judiciales, el expediente vuelve a concentrarse en una pregunta fría: si los hechos investigados permiten acusar penalmente. La respuesta provisional de la Fiscalía es negativa, y deja la causa al borde de un archivo que el juzgado deberá confirmar o rechazar.