La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia: seis detenidos en una nueva pieza del caso Koldo
La investigación ha vuelto a cruzar la puerta de la casa de José Luis Ábalos en Valencia. Este jueves, 5 de noviembre de 2026, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registran la vivienda dentro de un nuevo operativo del caso Koldo.
La intervención se extiende a Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla y deja seis personas detenidas. El despliegue forma parte de una nueva pieza secreta de la Audiencia Nacional vinculada a las pesquisas sobre presuntas comisiones en contratos de obra pública.
Entre los detenidos figura Cristian Corvillo, que fue chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE frente a Susana Díaz. Su arresto se ha producido en Córdoba; los detalles de su presunta intervención en los contratos investigados permanecen bajo secreto.
En la vivienda del exministro se encontraba Andrea de la Torre, su pareja. Los agentes le han tomado declaración en presencia de un abogado durante el registro, una actuación que sitúa de nuevo el domicilio valenciano entre los escenarios de la investigación.
Ábalos no estaba en la casa: permanece en prisión por la condena de más de 24 años impuesta en la rama de las mascarillas. La entrada de los investigadores en su domicilio se produce ahora dentro de otra vertiente del procedimiento, centrada en la contratación de obras.
El operativo alcanza también a Adif, donde la Guardia Civil ha requerido documentación. Los investigadores buscan información sobre contratos bajo sospecha en una causa que examina posibles irregularidades en adjudicaciones del Ministerio de Transportes.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado estas nuevas actuaciones después de recibir otro informe de la UCO. Ese documento policial ha dado paso a una pieza separada cuyo contenido sigue reservado mientras se practican las diligencias.
La Fiscalía Anticorrupción participa en la operación. El secreto mantiene fuera del conocimiento público el alcance completo de las pruebas y los contratos concretos que han motivado esta intervención; el balance de detenciones no equivale a una declaración de culpabilidad.
El caso arrancó en 2024 alrededor de presuntas irregularidades en compras de mascarillas durante la pandemia. Con el avance de las pesquisas, el procedimiento se extendió a otras líneas, entre ellas las sospechas de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
En esa investigación más amplia aparecen el antiguo asesor ministerial Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Su presencia en la causa general no permite atribuirles automáticamente cada hecho de la nueva pieza que permanece secreta.
La rama de las mascarillas llegó al Tribunal Supremo porque Ábalos tenía la condición de diputado aforado cuando fue procesado. En aquel juicio se sentaron también su exasesor y el empresario Víctor de Aldama, protagonistas de una parte del caso que ya tiene sentencia.
Koldo García recibió una condena de más de 19 años de cárcel y Aldama, de cuatro años y medio, con la pena de prisión suspendida. Esas resoluciones corresponden a la vertiente ya juzgada y deben distinguirse de las sospechas que ahora motivan los registros.
La Audiencia Nacional mantiene además pesquisas sobre las compras de mascarillas respecto de otros investigados sin aforamiento y sobre los reembolsos en efectivo de gastos adelantados por cargos del PSOE. Son líneas distintas dentro de un procedimiento que sigue abierto.
El registro de Valencia y las detenciones añaden un nuevo frente a la investigación sobre la obra pública. Por ahora, el alcance verificable del operativo está en esas actuaciones y en la documentación requerida: el contenido de la nueva pieza continúa bajo secreto judicial.
