Bélgica cita a inmigrantes para una entrevista y termina encerrándolos para expulsarlos
La escena se repite en Bruselas con una frialdad que ha encendido todas las alarmas: personas migrantes reciben una citación de la Oficina de Extranjería, acuden a una entrevista oficial y, al cruzar la puerta, algunas terminan detenidas y trasladadas a centros cerrados desde los que se prepara su expulsión del país.
El dato que ha hecho estallar la polémica es concreto y difícil de rebajar: desde comienzos de 2026, 68 solicitantes de asilo han sido internados después de presentarse a estas convocatorias, una cifra que casi iguala por sí sola los 71 casos contabilizados durante todo 2025 bajo el mismo mecanismo.
La práctica golpea un punto especialmente sensible del sistema migratorio belga porque convierte una llamada administrativa en una trampa percibida por muchos afectados como una emboscada institucional, con el miedo añadido de que no acudir también puede perjudicar su situación o agravar su expediente.
Uno de los episodios que ha dado cuerpo jurídico y humano a esta controversia ocurrió el 21 de mayo, cuando un palestino fue privado de libertad tras presentarse a una audiencia en la Oficina de Extranjería, pese a que mantenía vínculos personales en Bélgica y había acudido a las citas que se le habían fijado.
La administración defendió en ese expediente que existía riesgo de fuga y recordó que esa persona había incumplido órdenes anteriores de abandonar el territorio, una combinación de argumentos que sirve de base para justificar el internamiento previo a la expulsión incluso cuando el citado comparece ante las autoridades.
La discusión llegó hasta la Corte de Casación, que consideró que no se había demostrado engaño por parte de la Oficina de Extranjería y sostuvo que la ley no obliga a advertir expresamente a la persona convocada de que una detención es posible ni del motivo exacto por el que ha sido llamada.
Ese respaldo judicial no ha calmado la tensión. Abogados y organizaciones que trabajan con exiliados denuncian que el procedimiento encierra a los solicitantes de asilo en una disyuntiva demoledora: si no se presentan, pueden ser considerados ausentes o renunciantes; si van, pueden acabar detrás de un muro.
La crudeza del método no está solo en el arresto, sino en el efecto corrosivo que deja sobre todo el circuito administrativo. Cada nueva citación pasa a ser sospechosa, cada aviso oficial puede interpretarse como el prólogo de un encierro y cada trámite pierde parte de la confianza mínima que necesita para funcionar.
Las autoridades belgas niegan que exista una artimaña y mantienen que no introducirán cambios en su manera de actuar. Esa respuesta endurece aún más el choque, porque confirma que el dispositivo no fue un exceso aislado, sino una herramienta asumida dentro del control migratorio y de las expulsiones en curso.
En el trasfondo aparece un endurecimiento político más amplio sobre la inmigración irregular en Bélgica, donde el internamiento en centros cerrados se ha convertido en una pieza central para asegurar expulsiones y reducir márgenes de maniobra a quienes siguen peleando por quedarse o por rehacer su expediente.
El caso también revela una frontera cada vez más borrosa entre gestión administrativa y coerción. Lo que para el Estado es una comparecencia rutinaria puede convertirse, para quien acude, en el instante exacto en que pierde la libertad sin margen real para preparar su defensa o proteger su vida familiar.
La cifra de 68 internamientos adquiere todavía más peso al leerse junto al ritmo de 2025, porque indica que el recurso a estas convocatorias con desenlace carcelario no se ha frenado, sino que amenaza con consolidarse como una práctica frecuente en un ámbito donde cada decisión repercute sobre residencia, asilo y arraigo.
En muchos de estos expedientes no se discute solo un documento, sino el futuro inmediato de personas que viven con pareja, esperan hijos o arrastran trayectorias de huida y precariedad. Cuando la citación oficial termina en una celda, la promesa de trámite se transforma en una ruptura súbita de toda normalidad.
Lo que queda ahora es una herida abierta sobre la credibilidad del sistema: si una oficina pública convoca para escuchar, registrar o revisar una situación y el resultado termina siendo el encierro, la pregunta ya no es solo cuántos serán expulsados, sino cuántos volverán a creer en la puerta a la que se les ordena acudir.
