Pedro Sánchez reabre la crisis del ático de Ayuso y señala a Feijóo por lo que sabía desde abril
La crisis del ático de Chamberí volvió a encenderse este lunes con una nueva sacudida política: Pedro Sánchez acusó a Isabel Díaz Ayuso de haberse querido comprar un «aticazo» con dinero de los madrileños y colocó el foco sobre lo que el Partido Popular sabía desde hace meses.
El presidente del Gobierno lanzó ese mensaje en una entrevista radiofónica en pleno arranque del curso político, usando un tono de reproche frontal para convertir la compra del inmueble en una imagen de abuso, lujo institucional y aparente impunidad en la cúpula de la Comunidad de Madrid.
La frase más dura apuntó directamente a la finalidad del piso: Sánchez sostuvo que a Ayuso la «pillaron» queriéndose comprar un ático para vivir en él con fondos públicos, una acusación que endurece el relato de la oposición sobre una operación inmobiliaria ya muy desgastada.
El inmueble en cuestión está situado en la calle de Martínez Campos, en Chamberí, y fue adquirido por una empresa pública de la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros, en medio de la polémica por su supuesto destino como espacio temporal ligado a las obras en la Puerta del Sol.
La explicación oficial del Ejecutivo madrileño fue que serviría para reuniones y despachos mientras se acometen trabajos en la Real Casa de Correos, pero ese argumento ha convivido con dudas políticas y técnicas porque el inmueble está asociado a un uso residencial de lujo, no a una sede administrativa corriente.
Sánchez aprovechó esa grieta para reclamar transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades, elevando la presión sobre Alberto Núñez Feijóo después de que este admitiera que en abril ya le habían hablado de la búsqueda de una sede alternativa por las obras del edificio institucional.
Ahí se abre el punto más incómodo para el PP: si Feijóo conocía el movimiento desde primavera y Ayuso sostiene que no hubo opacidad ni irregularidad, la disputa deja de ser solo patrimonial y pasa a convertirse en un problema de coherencia, mando interno y control del daño político.
El presidente del Gobierno insistió en esa contradicción al plantear que no encaja que el líder del PP conociera la situación desde abril mientras la presidenta madrileña ha tratado de rebajar el alcance del asunto, como si la operación no mereciera una explicación más completa ante la opinión pública.
La operación del ático ya venía golpeada desde semanas atrás, primero por la revelación de la compra, después por el anuncio de su venta y más tarde por la defensa seca de Ayuso, que trató de cerrar la controversia asegurando que todo podía demostrarse y que el caso estaba sobradamente explicado.
Esta nueva intervención de Sánchez no cuenta una compra desconocida, sino un desarrollo político distinto: convierte el expediente del ático en munición directa contra la dirección nacional del PP y reactiva la pregunta sobre quién autorizó, conoció o amparó una adquisición de tanto coste y tan mala imagen pública.
La cifra de 6,3 millones de euros se ha convertido en el ancla del escándalo porque resume de golpe la distancia entre la justificación institucional y la percepción ciudadana de un gasto excesivo en uno de los mercados inmobiliarios más caros de Madrid, en plena tensión por vivienda y servicios públicos.
Además, el caso llega en un momento especialmente sensible para Ayuso, porque la controversia por el ático se cruza con el desgaste normal de final de verano, con el inicio del nuevo pulso parlamentario y con un escenario en el que cada gesto de soberbia, burla o cierre en falso amplifica todavía más el coste político.
Para Sánchez, el objetivo es claro: presentar el ático no como un error administrativo aislado, sino como el símbolo de una forma de ejercer el poder donde la exigencia moral que se aplica al adversario no rige dentro de casa, una idea que intenta fijar en el arranque de septiembre político.
El resultado es que el ático de Chamberí vuelve a cambiar de fase una vez más: ya no se discute solo por qué se compró o por qué se puso en venta, sino por qué el presidente del Gobierno ha decidido convertirlo en una acusación directa contra Ayuso y en una prueba de estrés para Feijóo.
