Ceuta: Marruecos rechaza las acusaciones y exige retornos tras el salto masivo
La frontera de Ceuta vuelve a tensarse lejos del espigón. Esta vez no por una nueva entrada, sino por un comunicado de Rabat que niega cualquier responsabilidad en el salto masivo de finales de julio y reclama a España el retorno de quienes siguen en su territorio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí describe aquellos días como acontecimientos lamentables, pero rechaza que exista una prueba que vincule a sus autoridades con la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.
El mensaje llega después de semanas de presión política e investigaciones sobre lo ocurrido en el Tarajal. La respuesta de Rabat no se limita a defender su actuación: también cuestiona el relato que ha situado a Marruecos en el centro de la crisis fronteriza.
La nota plantea una pregunta directa: por qué se mantienen las críticas si, a juicio del Gobierno marroquí, no hay datos, hechos ni informes que demuestren la participación de sus autoridades. Con esa fórmula, Rabat trata de desplazar la sospecha hacia el debate interno español.
El tono se endurece cuando el comunicado acusa a determinados sectores políticos de convertir a Marruecos en una pieza de disputa electoral. Sin citar siglas, reprocha a partidos con experiencia de gobierno haber caído en una escalada que considera irracional y populista.
Rabat también dirige sus críticas hacia instituciones legislativas y judiciales españolas. Sostiene que algunas iniciativas han alimentado el desacuerdo y advierte de que el miedo y la acusación pueden transformar una vecindad estratégica en desconfianza crónica.
Tras esas frases se dibuja una advertencia diplomática. Marruecos recuerda la cercanía inevitable entre ambos países y defiende que la relación solo podrá sostenerse con diálogo y cálculo político, no con acusaciones que, afirma, simplifican una crisis de enorme gravedad.
El comunicado incorpora una exigencia concreta: el retorno de las personas que entraron de forma irregular y permanecen en España. Rabat asegura que se ha comprometido a readmitirlas y pregunta por qué no se ha ejecutado aún esa devolución tras el episodio de julio.
La petición alcanza de forma expresa a los menores no acompañados. El Gobierno marroquí reclama que vuelvan con sus familias y presenta la demora como una separación injustificada, aunque cualquier retorno debe atender a los procedimientos y garantías de protección aplicables a cada caso.
La crisis dejó una huella difícil de cerrar en Ceuta. La entrada masiva desbordó los recursos de la ciudad, abrió un debate sobre seguridad y acogida y provocó una cadena de decisiones administrativas, policiales y diplomáticas que todavía condiciona la relación bilateral.
Antes de este comunicado, informes policiales incorporados a la investigación habían descrito alertas previas y una supuesta permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la entrada. Rabat responde ahora negando que esas conclusiones permitan atribuirle una implicación oficial.
La distancia entre ambas versiones es profunda. Mientras las pesquisas españolas analizan la secuencia de avisos, movimientos y fallos de control, Marruecos insiste en que una investigación completa debe esclarecer las circunstancias sin convertir al país en un culpable anticipado.
El momento elegido añade más presión a la disputa. La declaración llega en un clima de tensión política a ambos lados del Estrecho, con Ceuta aún marcada por las consecuencias humanas y materiales de aquel desbordamiento y con la cooperación migratoria bajo examen.
No hay cierre en este pulso. El comunicado de Rabat obliga a mirar de nuevo una crisis que sigue abierta: la frontera, los retornos, la situación de los menores y la investigación permanecen sobre la mesa, mientras la confianza entre los dos gobiernos vuelve a quedar expuesta.
