El ático de 6,3 millones sitúa a Ayuso ante el choque de la Asamblea

La segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región dejó un asunto clavado en el centro de la Asamblea: la compra de un ático de Chamberí por 6,3 millones de euros. La operación, realizada por la empresa pública Planifica Madrid, desplazó durante horas el resto de la discusión política.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, abrió su intervención con una exigencia directa: que se muestren los documentos de la compra. Su discurso convirtió la falta de explicaciones públicas sobre el expediente en el principal filo de una sesión ya marcada por la tensión entre los bloques.

La dirigente de Más Madrid sostuvo que la presidenta debía aclarar qué papeles existen, quién tomó las decisiones y por qué se adquirió ese inmueble. También afirmó que, si no había nada que ocultar, la documentación debía estar disponible y no permanecer fuera del debate público.

El enfrentamiento alcanzó su momento más duro cuando Bergerot llamó corrupta a Isabel Díaz Ayuso desde la tribuna. La acusación fue pronunciada en el pleno y forma parte de un choque político, no de una resolución judicial sobre la operación ni de un hecho acreditado por los tribunales.

Mar Espinar, portavoz del PSOE-M, llevó la misma compra al centro de su réplica. Preguntó quién ordenó la adquisición, dónde está el expediente administrativo y qué análisis avaló una operación de ese volumen para un ático situado en el distrito de Chamberí.

La socialista puso además en duda que el inmueble tuviera un uso funcional como oficina y reclamó explicaciones sobre la alternativa de recurrir a otros espacios públicos. Sus preguntas dibujaron una escena incómoda: un gasto millonario sometido a escrutinio mientras la respuesta oficial sigue siendo objeto de disputa.

Ayuso negó que la vivienda hubiera sido comprada para su uso personal. Defendió que había acreditado que buscaba residencia con recursos propios y lanzó un reto a la oposición: si había mentido, dimitiría; si no, exigía que quienes la acusaban asumieran las consecuencias políticas de sus palabras.

La presidenta añadió que ha vuelto a vivir de alquiler, como había hecho durante años, y rechazó que el ático fuera una residencia diseñada para ella. Su respuesta no cerró la polémica; la convirtió en un duelo de relatos sobre el destino real del inmueble y la transparencia de la operación.

El edificio de la Asamblea quedó atrapado entre dos versiones incompatibles. Para la oposición, la compra exige una explicación documental completa y abre dudas sobre la gestión del dinero público. Para el Gobierno regional, la polémica mezcla una operación administrativa con una campaña de presión política.

El asunto ya había ganado peso durante el verano, pero el debate parlamentario lo elevó a una escala distinta. No se discutía solo el precio de un ático, sino la cadena de decisiones detrás de la compra, la información disponible y la responsabilidad de quienes la defendieron.

Incluso otras fuerzas hicieron referencias al episodio durante la jornada, señal de que el inmueble se ha convertido en un símbolo incómodo dentro de la política madrileña. La vivienda aparece así vinculada a una discusión más amplia sobre vivienda, gasto público y credibilidad institucional.

Las portavoces de la izquierda extendieron sus críticas a la gestión sanitaria, educativa y de vivienda de la Comunidad de Madrid. Pero el ático concentró el golpe porque reunía una cifra concreta, una empresa pública y preguntas aún abiertas que podían ser formuladas una tras otra en el hemiciclo.

La respuesta de Ayuso buscó separar su situación personal de la compra y trasladar la presión a sus adversarios. El desafío de dimitir si se demuestra una mentira dejó una frase contundente, aunque no resolvió la petición de conocer el expediente y las decisiones previas a la adquisición.

Al terminar la sesión, el ático de Chamberí seguía pesando más que cualquier cierre retórico. La operación continuará siendo un frente político mientras persistan las demandas de documentación y las explicaciones no convenzan a quienes ven en esos 6,3 millones una herida abierta en la Asamblea.