Juan Vivas afirma que Moncloa ignoró sus avisos antes de la crisis de Ceuta
La tensión que rodea a Ceuta ha sumado un nuevo capítulo con las declaraciones de Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma. El dirigente sostiene que, antes de la entrada masiva desde Marruecos, trasladó reiteradamente su preocupación al Gobierno central y no encontró una respuesta proporcional al riesgo que describía.
Vivas sitúa una fecha clave en el 27 de julio, tres días antes del episodio que desbordó la frontera. Relata que aquel día intentó hablar directamente con Pedro Sánchez para advertir de la creciente presión migratoria y que la comunicación acabó canalizada por la Jefatura de Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
El presidente ceutí asegura que reclamó activar una emergencia nacional, reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y establecer un mando único. A su juicio, aquellas peticiones respondían a una situación que ya no podía tratarse como un goteo habitual de entradas, sino como una amenaza capaz de colapsar la ciudad.
La respuesta que Vivas dice haber percibido fue muy distinta. Afirma que le transmitieron tranquilidad, que los ministerios estaban informados y que la situación se encontraba bajo control. En su relato, la insistencia posterior acabó con un mensaje para que dejara de llamar porque estaba resultando demasiado insistente.
Ese es el núcleo de una acusación política grave: que una administración local alertó con antelación de un deterioro inminente y que sus avisos no provocaron medidas extraordinarias. Vivas ha asociado aquella falta de reacción con la magnitud de la entrada posterior, que cifra entre 70.000 y 80.000 personas en la ciudad.
El dirigente también expone que pidió una declaración formal de emergencia al amparo de las normas de Protección Civil o de Seguridad Nacional. En sus palabras, recibió reservas sobre la viabilidad jurídica de esa medida y una contestación posterior que descartaba que concurrieran los requisitos necesarios para ponerla en marcha.
La cronología que plantea deja un contraste inquietante: las conversaciones y solicitudes se produjeron antes de que la frontera quedara desbordada. Vivas resume ese salto entre la advertencia y el desenlace con una frase tajante: la víspera se discutía si había base legal para actuar y, al día siguiente, Ceuta afrontaba una crisis excepcional.
Moncloa rechaza la versión del presidente ceutí. Fuentes de Presidencia sostienen que los contactos fueron cordiales y operativos, que la información recibida fue trasladada a Interior y que no se comunicó la previsión de una entrada comparable o superior a la registrada en la crisis de 2021.
La discrepancia no es menor porque enfrenta dos relatos sobre el mismo intervalo decisivo. Uno presenta advertencias reiteradas y una petición de medidas urgentes; el otro mantiene que existía conocimiento de las entradas a nado, que se adoptaron actuaciones para frenarlas y que la dimensión final del salto resultó imprevisible.
Vivas ha insistido en que lo ocurrido no debería leerse como una disputa entre bloques políticos. Defiende que el debate afecta a la seguridad, a la capacidad de acogida y a la integridad territorial de una ciudad que vive las consecuencias directas de cada decisión tomada lejos de su frontera.
La crisis ha dejado además una presión sostenida sobre los servicios públicos y sobre los recursos de emergencia de Ceuta. El presidente de la ciudad ha citado un fuerte aumento de expedientes atendidos, intervenciones de bomberos e incidentes vinculados a la situación, datos con los que pretende demostrar que el impacto no es una percepción abstracta.
Entre las cuestiones pendientes aparece la situación de los menores que permanecen identificados en la ciudad tras la entrada masiva. Vivas reclama una coordinación entre España, la Unión Europea y Marruecos para abordar su futuro dentro de la ley y con atención al interés superior de cada menor afectado.
También persiste el debate sobre la frontera y el papel de Marruecos en la presión migratoria. Vivas sostiene que la respuesta debe ser firme y que Ceuta no puede asumir sola una crisis de esta escala, mientras el Gobierno central defiende que gestionó la información disponible y trabaja en medidas para encauzar sus consecuencias.
Las palabras del presidente ceutí no cierran la crisis, pero fijan una pregunta que seguirá pesando sobre su gestión: qué se sabía, cuándo se supo y qué decisiones podían haberse tomado antes de que la frontera se convirtiera en el escenario de una emergencia que Ceuta aún arrastra.
