Expulsados a Marruecos 11 de los 12 detenidos por el ataque a militares en Ceuta
La secuencia dejó una imagen áspera en Ceuta: once de los doce detenidos por el ataque contra una patrulla militar en Benzú han sido expulsados a Marruecos tras aceptar una condena de dos años de prisión por atentado contra agentes de la autoridad.
La decisión llegó este viernes, 28 de agosto de 2026, en el Juzgado de lo Penal de Ceuta, después de una vista de conformidad que evitó el juicio para la mayor parte de los arrestados y aceleró la ejecución de una medida que se aplicó de forma inmediata.
La resolución sustituyó la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, acompañada de una prohibición de entrada en España durante cinco años, un castigo que transforma el cierre judicial en una salida forzosa sin margen de permanencia.
Los condenados reconocieron su participación en la agresión y aceptaron el acuerdo planteado entre la Fiscalía y las defensas, lo que permitió al juzgado cerrar su situación procesal en pocas horas y separar su destino del único acusado que no se conformó.
El núcleo del caso se remonta al ataque sufrido por una patrulla del Grupo de Regulares en la zona de Benzú, donde varios implicados, integrados en un grupo más amplio de migrantes irregulares, habrían preparado una acción violenta contra vehículos que pasaran por allí.
La emboscada terminó dirigiéndose contra el vehículo militar, que recibió un lanzamiento de piedras de gran tamaño y dejó a cuatro efectivos heridos de diversa consideración, un dato que convirtió el episodio en uno de los estallidos más graves de esa jornada en la ciudad.
Tras la agresión, el operativo policial culminó con la detención de doce personas, pero la evolución judicial no fue idéntica para todas, porque uno de los arrestados rechazó el pacto, negó haber participado en los hechos y forzó la continuación del procedimiento penal.
Ese duodécimo detenido sostuvo ante el juez que estaba durmiendo cuando se produjo la intervención policial y trató de desvincularse por completo del ataque, una versión que no bastó para obtener su salida y que lo mantiene en una situación mucho más delicada.
El juzgado acordó para él la prisión provisional mientras sigue la instrucción de su causa y se fija la fecha del juicio, de modo que el caso queda partido en dos tiempos: una salida inmediata para once implicados y una vía penal abierta para el único que se resistió al acuerdo.
La cobertura de este viernes no describe el estallido inicial de la violencia en Benzú, sino el primer gran desarrollo judicial de aquel episodio, porque el foco ya no está solo en las piedras y los heridos, sino en la respuesta penal que acabó sellando la expulsión.
Ese matiz importa dentro del seguimiento del caso: el acontecimiento base fue la agresión a los militares, pero la novedad factual del día reside en la condena aceptada, la sustitución de la cárcel por la expulsión y la prohibición de regreso que pesará durante cinco años.
El desenlace también refleja la rapidez con la que se buscó una salida procesal para la mayoría de los implicados, en un contexto de máxima tensión en Ceuta, donde cada decisión judicial sobre los disturbios recientes está siendo observada como un termómetro de control institucional.
La medida no borra la violencia que estalló aquella noche ni el impacto de las lesiones sufridas por los cuatro militares, pero sí fija una consecuencia inmediata para once de los detenidos y deja constancia de que la causa puede seguir abriéndose por caminos distintos.
Con ese reparto final, la historia queda suspendida entre dos imágenes opuestas: once expedientes cerrados con expulsión a Marruecos y un último arrestado esperando juicio desde prisión provisional, mientras la sombra de Benzú sigue proyectándose sobre Ceuta.
