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Málaga: un padre amenaza con prenderse fuego tras perder la custodia de su hijo con autismo

La tensión se concentró junto a la sede de Canal Sur en Málaga durante la tarde del domingo, cuando un hombre de 50 años protagonizó una crisis vinculada a la pérdida de la custodia de su hijo. El menor, de 11 años y con autismo, permanece bajo tutela provisional desde junio, mientras la familia mantiene abierta una batalla administrativa y judicial.

El padre llegó en motocicleta y pidió ayuda en inglés para que se atendiera su situación. La conversación no resolvió la angustia que había llevado hasta allí. En el exterior del edificio se roció con gasolina y amenazó con prenderse fuego, una escena que obligó a activar de inmediato a los servicios de emergencia de la capital malagueña.

Patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local acordonaron la zona para impedir que el riesgo alcanzara a otras personas. Los bomberos desplegaron sus mangueras y lograron empaparlo antes de que la amenaza derivara en un incendio. Un trabajador del centro intervino en inglés para tratar de calmarlo mientras se mantenía la distancia de seguridad.

La intervención terminó con la reducción del hombre y su atención sanitaria. Recibió medicación para relajarlo y fue evacuado a un hospital de Málaga. Su abogado ha indicado que sufrió quemaduras leves y que después de la crisis se encontraba tranquilo, aunque el episodio dejó al descubierto el nivel de desesperación que rodea al conflicto familiar.

La tutela provisional del niño fue asumida por la Delegación Territorial de Inclusión Social el 5 de junio. La decisión se produjo después de que el menor cayera desde la ventana de un primer piso en Rincón de la Victoria mientras estaba al cuidado de su hermana de 17 años. La caída fue uno de los elementos analizados en el expediente de protección.

Los técnicos también apreciaron deficiencias de organización, higiene y supervisión en el domicilio familiar. La familia cuestiona la valoración y sostiene que la medida es desproporcionada. La distancia entre ambas versiones mantiene el caso en un terreno doloroso: una administración que defiende la protección del menor y unos padres que piden recuperar su vida cotidiana con él.

El niño fue trasladado el 16 de junio a un centro de protección de Albox, en Almería, después de una estancia inicial en Málaga. El cambio lo situó a más de doscientos kilómetros de la residencia de sus padres, una separación que la familia considera especialmente difícil por sus necesidades de apoyo y por el régimen de visitas previsto.

Los progenitores han recurrido la retirada de la custodia ante el Tribunal de Instancia de Málaga. Reclaman el regreso del menor al domicilio y niegan una situación de desatención grave. El procedimiento sigue pendiente de resolución, con documentos, informes y versiones contrapuestas que decidirán el futuro inmediato de un niño que lleva meses fuera de su entorno familiar.

El padre y la madre son de nacionalidad rumana y viven en Rincón de la Victoria. La familia asegura que la comunicación inicial del expediente fue deficiente y que faltó un traductor durante una entrevista relevante. También plantea que las visitas no se han desarrollado como esperaban, una queja que se suma al recurso contra la declaración de desamparo.

En la documentación conocida sobre el caso figura que el menor había tenido incidencias previas de supervisión y escolarización, además del accidente de abril. La Junta sostiene que esos antecedentes, junto a las condiciones observadas en la vivienda, justificaron la actuación. La familia discute esa conclusión y pide que se valore la posibilidad de apoyos profesionales en casa.

El episodio cerca de Canal Sur no modifica por sí mismo la decisión sobre la tutela, pero añade una imagen extrema a un conflicto ya enconado. La reacción coordinada de policías, bomberos, sanitarios y el trabajador que dialogó con él evitó que la amenaza se consumara. Después quedó un traslado hospitalario y una familia aún pendiente de una resolución judicial.

Los casos de protección de menores exigen medidas urgentes cuando se aprecia un riesgo, pero también obligan a revisar con rigor cada circunstancia. En esta historia, la salud y el bienestar del niño son el centro ineludible, por encima de la protesta y del ruido público. La decisión final deberá atender sus necesidades específicas y las garantías de cuidado que pueda recibir.

La separación de un menor de su familia abre una herida que no se cierra con una sola resolución. Para los padres, cada visita y cada desplazamiento se convierten en parte de una espera agotadora. Para el niño, la adaptación a un centro de protección sucede en plena disputa. Ese doble impacto explica la carga emocional que rodea el procedimiento.

Málaga evitó una tragedia aquella tarde, pero el conflicto continúa lejos del cordón policial y de las mangueras. La tutela provisional, el recurso de la familia y la evolución del menor marcarán los próximos pasos. Tras la crisis queda una advertencia dura: cuando la desesperación irrumpe, la respuesta de emergencia puede salvar una vida, pero no resuelve por sí sola el fondo del dolor.

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