Países Bajos: avalan la actuación médica en la muerte asistida de un niño de casi dos años
La muerte asistida de un niño de casi dos años en Países Bajos ha vuelto a abrir una herida ética y legal que no se cerró con el fallecimiento. Un comité independiente ha concluido que el médico actuó con la debida diligencia, pero el expediente todavía debe pasar por la valoración de la Fiscalía.
El menor murió a finales de 2025 tras una decisión tomada por sus padres y el equipo médico. Es el primer caso conocido en la franja de uno a doce años desde que en 2024 entró en vigor el marco específico para situaciones excepcionales de sufrimiento infantil sin salida clínica.
Durante meses, la identidad clínica del caso permaneció protegida. El dictamen posterior permitió conocer que se trataba de un niño nacido de forma extremadamente prematura, a las 26 semanas de gestación, y que las complicaciones de aquel nacimiento marcaron el resto de su corta vida.
Una resonancia realizada meses después del parto detectó daños cerebrales muy extensos. El niño desarrolló parálisis cerebral espástica y una discapacidad visual de origen cerebral, con una dependencia absoluta para las actividades más básicas y una capacidad de comunicación muy limitada.
A ese daño neurológico se sumaron crisis epilépticas frecuentes y graves, resistentes en gran medida a la medicación. Los episodios se repetían varias veces al día, alteraban el descanso y provocaban periodos de agitación, rigidez corporal, llanto inconsolable y dificultad para respirar.
El cuadro respiratorio agravaba aún más la situación. La acumulación de mucosidad en los pulmones dificultaba respirar y tragar, elevaba el riesgo de aspiración e infecciones y convertía cada periodo de malestar en un problema complejo de controlar para quienes lo atendían.
El comité examinó el caso como una suma de daños, no como una única enfermedad aislada. Valoró las limitaciones motoras y visuales, las convulsiones, los trastornos del sueño y la fragilidad respiratoria al determinar que el sufrimiento era grave, persistente y sin perspectiva de mejoría real.
La revisión no estuvo exenta de discrepancias. Una primera consulta externa consideró que el sufrimiento no era continuo y planteó alternativas paliativas junto con ajustes de medicación. Otra evaluación independiente observó un malestar visible y concluyó que no existía una solución razonable para aliviarlo.
El médico probó la recomendación farmacológica, pero los efectos adversos llevaron a interrumpirla. También se hablaron opciones de sedación prolongada y retirada de soporte, aunque los padres entendían que esas vías solo alargarían un proceso de dolor y deterioro sin cambiar el pronóstico.
La decisión final se produjo dentro de un sistema pensado para casos muy limitados. Para los niños de uno a doce años, el marco neerlandés exige una enfermedad incurable, sufrimiento insoportable sin posibilidad de alivio y la ausencia de una alternativa razonable, incluidos los cuidados paliativos.
El procedimiento se organizó para inducir el sueño de forma progresiva. El niño recibió sedación intravenosa y, después, fármacos para alcanzar un coma profundo. El comité dejó constancia de que no había un protocolo específico ya consolidado para menores de doce años, aunque avaló la actuación clínica.
La conclusión del comité no cierra por sí sola el recorrido institucional. Todos los fallecimientos bajo esta regulación se comunican al Ministerio Público, que puede abrir una investigación penal. La Fiscalía conserva la última palabra sobre si el caso respetó las condiciones exigidas por la normativa.
El expediente expone una tensión que atraviesa el debate neerlandés: cómo medir el sufrimiento de un niño que no puede expresar una solicitud y quién debe decidir cuando la medicina ya no ofrece una recuperación posible. Las respuestas enfrentan la protección de la vida con la idea de evitar un padecimiento irreversible.
Por ahora, este sigue siendo el único caso conocido en esa franja de edad desde la ampliación de 2024. El dictamen favorable ofrece una referencia para futuras decisiones, pero también mantiene abierta una discusión incómoda sobre los límites médicos, familiares y judiciales de una medida definitiva.
