Sánchez carga contra Ayuso y Almeida tras el desahucio de Maricarmen
Maricarmen ya había salido de la casa de Retiro en la que vivió durante más de siete décadas cuando el caso dio un nuevo giro político. Pedro Sánchez definió el desahucio como una «tragedia social» y colocó la responsabilidad sobre dos administraciones madrileñas: la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital.
La mujer, de 87 años, abandonó el piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda tras la ejecución del lanzamiento judicial. Lo hizo en camilla y con asistencia sanitaria, después de una mañana marcada por el cordón policial, la presencia de activistas y una larga resistencia vecinal frente al portal.
Desde Nueva York, donde participa esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente presentó el desalojo como la imagen de una fractura social. Su mensaje apuntó directamente a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida, a quienes reprochó no haber atendido la demanda de una solución habitacional.
Sánchez sostuvo que ambas instituciones hicieron caso omiso mientras el conflicto se acercaba a su desenlace. La acusación llegó horas después de que el lanzamiento se consumara y convirtió la salida de Maricarmen en un nuevo foco de choque entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Consistorio.
El presidente vinculó además el caso con el real decreto de vivienda que el Ejecutivo había llevado al debate político y que no salió adelante. Afirmó que, con esa norma en vigor, la situación de Maricarmen no se habría producido, una tesis que vuelve a situar la moratoria de desahucios en el centro de la discusión.
La vivienda había sido el hogar de Maricarmen desde que era adolescente y también el lugar donde murieron sus padres. La mujer afrontaba el cuarto intento de desahucio de esta etapa, tras meses de aplazamientos, movilizaciones y gestiones que no lograron cerrar un acuerdo con la propiedad.
La comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el 23 de septiembre. A las puertas del edificio, decenas de personas intentaron impedirlo y la Policía Nacional desalojó a quienes bloqueaban el acceso. La escena dejó la imagen de una vecina vulnerable abandonando el lugar que había definido toda su vida.
El conflicto no se limita al gesto político de una jornada. Maricarmen tiene una discapacidad reconocida del 50 % y el desalojo llegó pese a la búsqueda de alternativas para que pudiera continuar en la vivienda. La propiedad no aceptó una propuesta de mediación ni una oferta para cubrir parte de la renta reclamada.
El Ayuntamiento defendió que sus servicios sociales habían puesto recursos a disposición de la afectada y que se le ofreció alojamiento temporal. Maricarmen rechazó una plaza en residencia y optó por pasar la noche con familiares, un desenlace que no cerró el debate sobre la respuesta pública disponible antes del lanzamiento.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, describió la jornada como dramática y sostuvo que su departamento había tratado de negociar con la empresa propietaria. Desde el bloque del Gobierno también se reclamó retomar medidas para frenar desalojos de personas vulnerables y revisar el papel de los fondos de inversión en el mercado residencial.
Pero las críticas no quedaron en una sola dirección. Sumar exigió al PSOE acelerar el decreto de vivienda y Podemos acusó al Gobierno de no haber utilizado todas las herramientas a su alcance. El caso de Maricarmen quedó así atrapado en una cadena de responsabilidades cruzadas que no logró evitar su salida del piso.
Almeida rechazó entrar en una batalla política con otras administraciones y defendió la actuación municipal. El alcalde sostuvo que el Ayuntamiento había ofrecido ayuda y cuestionó las acusaciones sobre la falta de respuesta. La distancia entre ese relato y el del Ejecutivo central dibuja el tamaño de la disputa abierta tras el desalojo.
Para Sánchez, el episodio también sirve para reclamar apoyo parlamentario a las medidas de vivienda pendientes. Su intervención no altera lo ocurrido en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, pero convierte aquel portal de Retiro en un símbolo incómodo de una crisis que atraviesa competencias, instituciones y mayorías políticas.
Maricarmen ya no duerme en la vivienda donde acumuló más de setenta años de vida. A partir de ese vacío, su desahucio deja dos historias superpuestas: la de una mujer expulsada de su casa y la de un sistema político que, incluso después del lanzamiento, sigue discutiendo quién debía haber impedido que sucediera.
