Cantabria indemniza a una familia tras la muerte de una joven por un diagnóstico tardío
La resolución llegó más de un año después de la muerte, pero no puede deshacer los diez días en que una joven de 24 años pidió ayuda mientras el dolor de cabeza y los vómitos persistentes se acumulaban. El Servicio Cántabro de Salud ha reconocido su responsabilidad patrimonial y abonará 219.723,74 euros a su familia.
La joven murió el 14 de agosto de 2025, después de sufrir una trombosis venosa cerebral. El desenlace fue precedido por una cadena de consultas entre el 20 y el 30 de julio, un recorrido repetido por el centro de salud de Suances y el Hospital Sierrallana de Torrelavega sin que se detectara a tiempo la gravedad del cuadro.
En ese intervalo acudió cuatro veces al centro de salud y tres al hospital. Los síntomas no cedían: cefaleas intensas, vómitos persistentes y un deterioro que obligaba a volver. La primera impresión en Urgencias fue la de una gastroenteritis, y se pautó tratamiento para aliviar los síntomas junto con seguimiento por Atención Primaria.
La explicación inicial no frenó la enfermedad. Los malestares continuaron y las visitas se repitieron, dejando a la joven atrapada en una secuencia de altas y regresos. Cada consulta ampliaba el historial de señales que no habían desaparecido, mientras el tiempo para identificar la patología se reducía de forma silenciosa.
Hubo un momento especialmente grave durante aquella sucesión de asistencias. El servicio de Urgencias solicitó un TAC craneal urgente, una prueba destinada a aclarar qué estaba ocurriendo. Sin embargo, el estudio no llegó a realizarse y la joven fue enviada de nuevo a su domicilio pese a la persistencia de los síntomas.
Al día siguiente fue encontrada en el suelo de su vivienda, desorientada. La situación ya era crítica: padecía una trombosis cerebral masiva y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Permaneció ingresada en estado grave durante semanas, hasta que falleció el 14 de agosto.
La familia sostuvo que la asistencia no había sido adecuada ante un cuadro con factores de riesgo y señales de alarma. Su reclamación señaló que no se practicaron las pruebas diagnósticas necesarias y situó el TAC solicitado, pero nunca realizado, como uno de los puntos más dolorosos de todo el recorrido sanitario.
El expediente concluyó que la atención recibida en Suances y en el Hospital Sierrallana no se ajustó en tiempo y forma a la práctica clínica habitual ni a los protocolos vigentes. Esa valoración convirtió la sospecha de la familia en un reconocimiento administrativo: el retraso diagnóstico había existido y había condicionado la respuesta médica.
Los informes examinados también recogen que debieron valorarse antecedentes relevantes, entre ellos la toma de anticonceptivos orales. Ese dato, unido a los dolores de cabeza y los vómitos persistentes, formaba parte de un conjunto de elementos que requería una investigación clínica más profunda antes de devolverla a casa.
La resolución estima íntegramente la reclamación de responsabilidad patrimonial. La cantidad total se repartirá en 89.413,59 euros para cada uno de los padres y 40.896,56 euros para la hermana. La cifra pone un valor económico a un expediente, pero no resuelve la ausencia que dejó una paciente que murió con 24 años.
Los padres han expresado que su hija no dejó de pedir ayuda durante aquellos días. Para ellos, la indemnización no cierra el caso ni responde a la pregunta que sigue en el centro de la tragedia: cómo una prueba urgente pudo quedar sin hacer mientras el estado de la joven empeoraba de forma continuada.
El abogado de la familia ha subrayado la gravedad de que se ordenara una exploración diagnóstica y no se ejecutara. La Asociación El Defensor del Paciente, que acompañó la reclamación, reclama además que se aclaren las responsabilidades y que el caso no termine reducido a un pago sin cambios que protejan a otros pacientes.
La indemnización reconoce una falla concreta, pero el relato conserva la dimensión de lo irreversible. Una joven pasó de una primera consulta por dolor y vómitos a una trombosis cerebral masiva en pocos días. En medio quedó una ruta asistencial fragmentada y una oportunidad de diagnóstico que, para su familia, llegó demasiado tarde.
Ahora queda una resolución administrativa y una familia que carga con el desenlace. La compensación no devuelve a la joven ni borra las siete visitas previas a su ingreso definitivo. Lo que permanece es la advertencia de un caso en el que los síntomas se repitieron, el tiempo avanzó y la respuesta necesaria no llegó cuando todavía podía cambiarlo todo.
