Ceuta expulsa a siete migrantes tras los altercados de Loma Margarita
Siete migrantes subsaharianos afrontan la expulsión de España después de que los juzgados de Ceuta cerraran los procedimientos por los altercados ocurridos el 22 de septiembre en Loma Margarita. La decisión sustituye las penas de prisión y les impide regresar al país durante cinco años.
El conflicto estalló dentro del dispositivo temporal habilitado tras la llegada masiva de finales de julio. Aquel recinto acogía a personas trasladadas desde la playa del Trampolín, y la tensión acumulada durante el reparto de comida terminó convirtiéndose en una riña colectiva.
Cuatro de los acusados, un ciudadano de Chad, dos de Senegal y uno de Sudán, aceptaron condenas de dos años de prisión por desórdenes públicos. La pena quedó reemplazada por la expulsión, una salida que deberá ejecutarse con la prohibición de volver a entrar en territorio español.
Los otros tres acusados, todos sudaneses, reconocieron hechos vinculados a amenazas, lesiones leves y maltrato de obra contra personal de seguridad. Para ellos se fijaron penas de dieciocho meses de cárcel, además de multas e indemnización en el caso que incluía lesiones.
Las dos causas se resolvieron mediante acuerdos de conformidad en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta. Los siete asumieron los hechos atribuidos, lo que evitó la celebración completa de los juicios y convirtió la sentencia en el desenlace inmediato de semanas de prisión provisional.
El primer episodio se situó alrededor de las tres y media de la tarde, durante el servicio de comidas. La disputa inicial derivó en empujones, golpes y la aparición de un fragmento de cristal, antes de que la pelea se extendiera entre varios usuarios de las instalaciones temporales.
La intervención policial fue necesaria para recuperar el control de un escenario descrito como caótico. Algunos participantes resultaron heridos y la Fiscalía atribuyó a los implicados una actuación colectiva violenta, con riesgo para quienes estaban en el recinto y para los trabajadores que intentaban contener la situación.
Horas después, junto a la zona de comida y la carretera de Loma Margarita, se produjo el segundo bloque de hechos. Tres hombres reaccionaron contra vigilantes que les pidieron alejarse del lugar, en una secuencia de amenazas graves seguida de agresiones físicas a parte del personal.
Una vigilante sufrió daños en una mano y una muñeca; otro trabajador recibió un cabezazo y golpes en el antebrazo. La tercera agresión no dejó lesiones acreditadas, pero quedó incorporada al procedimiento como maltrato de obra. Ese detalle explica la diferencia entre las penas impuestas a cada acusado.
Todos los implicados habían sido detenidos tras los sucesos de septiembre y permanecían en prisión provisional cuando comparecieron ante el tribunal. La resolución judicial transforma ahora esa privación de libertad en una orden de expulsión, conectada a condenas ya aceptadas por los acusados.
Loma Margarita fue habilitada de forma temporal para atender a parte de las personas llegadas a Ceuta durante el verano. El lugar pasó de ser una respuesta de emergencia a convertirse en el escenario de un caso penal, marcado por dos episodios de violencia ocurridos en la misma jornada.
La expulsión no borra la gravedad de los hechos ni reduce el caso a una cifra. Detrás de las sentencias hay una pelea multitudinaria, trabajadores agredidos y un dispositivo de acogida sometido a una presión extraordinaria, donde cualquier estallido puede dejar consecuencias penales y humanas inmediatas.
La orden judicial afecta a siete personas de nacionalidades sudanesa, senegalesa y chadiana. Cuatro fueron condenadas por desórdenes públicos y tres por amenazas y agresiones. La medida incluye para todos la prohibición de regresar a España durante un periodo de cinco años.
Con las conformidades ya firmadas, el caso abandona la incertidumbre de la investigación y entra en su fase de ejecución. La frontera del Tarajal queda señalada como el punto previsto para la entrega, mientras Ceuta vuelve a mirar hacia un verano cuya crisis de acogida todavía deja consecuencias en los tribunales.
