Desahucio de Charo en Jaén: una familia con dos niños se queda sin casa

La mañana del 6 de octubre terminó con una puerta cerrada y una familia fuera de la vivienda donde había construido su rutina. Charo Galán, su pareja y sus hijos de siete y un año abandonaron el piso de la avenida de Barcelona, en Jaén, después de que se ejecutara el lanzamiento previsto por el juzgado.

El desalojo llegó tras varios intentos y después de una concentración de apoyo frente al edificio. Decenas de personas acompañaron a la familia durante horas, mientras dentro y en la acera se agotaban las últimas conversaciones para tratar de ganar tiempo antes de que la comisión judicial diera por terminado el proceso.

La familia residía en ese inmueble desde hacía años y el conflicto se centraba en una deuda de alquiler y suministros. La propiedad sitúa la cantidad acumulada en torno a 20.000 euros; el alquiler mensual del piso era de 360 euros. Son cifras que condensan un deterioro largo, no una ruptura ocurrida de golpe aquella mañana.

Charo y su entorno sostienen que la pérdida de empleo y la precariedad hicieron imposible sostener los pagos. La plataforma que los acompañaba defendió que existía una situación de vulnerabilidad extrema y reclamó un aplazamiento para encontrar un alquiler alternativo. La solicitud no detuvo el lanzamiento y el margen se redujo a unas horas.

La propietaria, una mujer de edad avanzada, aguardó también junto al inmueble con su hijo. La otra parte describe años de impagos, intentos de contacto y un desgaste económico y personal que considera insoportable. El episodio reunió dos relatos duros frente a la misma escalera: una familia sin techo inmediato y otra que exigía recuperar su vivienda.

La salida se produjo sin resistencia física, pero con una tensión que se acumulaba en cada bolsa, cada juguete y cada mueble que salía del portal. La Policía mantuvo acordonada la entrada durante el operativo. Fuera se escuchaban consignas contra el desahucio y, dentro, se cerraba una negociación que ya no tenía recorrido.

El primer intento de desalojo, en junio, se había frenado. Esta vez la defensa presentó un recurso en la misma jornada y alegó la situación de la familia, además de los cambios normativos debatidos para proteger a hogares vulnerables. La decisión judicial mantuvo la ejecución, dejando la discusión legal desplazada por una urgencia mucho más concreta: dónde dormir esa noche.

La familia no contaba con una alternativa estable al abandonar el piso. La salida inmediata planteada fue el albergue juvenil de Jaén, mientras se buscaba una solución habitacional. Esa provisionalidad tiene un peso especial cuando dos menores debían salir del colegio pocas horas después y encontrarse con que su casa ya no estaba disponible.

El caso expuso la dificultad de acceder a un alquiler incluso en una ciudad donde los precios suelen quedar lejos de los grandes mercados urbanos. La familia llevaba tiempo buscando vivienda sin éxito. La presencia de niños, los ingresos limitados y la falta de garantías se convirtieron en barreras que cerraban opciones antes incluso de poder negociar un contrato.

La portavoz de la plataforma de afectados insistió en que el fondo del problema no era una disputa simple entre inquilinos y propietarios, sino la falta de alquileres asequibles y vivienda social. La organización reclamó respuestas al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, mientras Cáritas y los servicios sociales participaban en la búsqueda de una salida temporal.

El desahucio no borró la deuda ni resolvió el conflicto de ninguna de las partes. Para la propiedad, recuperar el piso suponía el final de un proceso que había afectado a una mujer con problemas de salud. Para Charo, su pareja y sus hijos, la resolución judicial abrió una etapa de incertidumbre, marcada por el traslado y la espera de una vivienda posible.

La imagen más difícil quedó fuera de los documentos del procedimiento: dos niños de uno y siete años, una familia recogiendo lo imprescindible y una pregunta sin respuesta inmediata. Los adultos discutían sobre alquileres, recursos y responsabilidades; para ellos, la consecuencia era más sencilla y brutal, porque aquella tarde ya no podían volver a su habitación.

Las organizaciones que respaldaban a la familia habían impulsado días antes medidas municipales para prevenir desahucios de hogares vulnerables. El lanzamiento de Charo mostró la distancia entre las declaraciones institucionales y la velocidad de una orden ejecutada. Cuando el procedimiento avanza, las promesas de mediación pueden llegar tarde para detener el momento decisivo.

Tras el desalojo, el caso quedó pendiente de una respuesta que no dependía ya de la voluntad de quienes salieron por el portal. Encontrar un lugar estable para una familia con dos menores será el siguiente capítulo. La vivienda perdida permanece como el punto de partida de una noche incierta y de un problema que Jaén no pudo resolver a tiempo.