EE. UU. plantea cobrar 200.000 dólares a cada buque español tras acusar a España de dañar su comercio marítimo
La presión llega esta vez por mar. La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos ha propuesto imponer una tasa de 200.000 dólares, unos 180.000 euros, por cada viaje de los buques con bandera española relacionados con puertos estadounidenses. La medida todavía no está en vigor, pero dibuja un nuevo frente comercial de enorme alcance.
La propuesta nace de una investigación abierta en diciembre de 2024. El organismo estadounidense trataba de determinar si España estaba creando condiciones perjudiciales para el transporte marítimo exterior al impedir la entrada en sus puertos a determinados barcos vinculados a carga con destino u origen en Israel.
La conclusión de la comisión es contundente: considera probado que las autoridades españolas negaron el acceso a embarcaciones con bandera de Estados Unidos. A su juicio, esas decisiones generaron condiciones desfavorables para la navegación comercial y dañaron la eficiencia y la fiabilidad de la cadena internacional de suministro.
El expediente se remonta, entre otros episodios, a la negativa de acceso a varios barcos integrados en el Programa de Seguridad Marítima estadounidense. Aquellas escalas estaban asociadas a rutas de mercancías hacia Oriente Próximo y coincidieron con las restricciones españolas sobre el comercio de armas con Israel.
Washington sostiene que esas denegaciones afectaron a sus exportaciones, a su flota mercante y a sus objetivos de seguridad nacional. La comisión plantea ahora una respuesta económica directa que alcanzaría a todos los buques mercantes con bandera española que operen en conexión con sus puertos.
La cifra propuesta no es simbólica. Cada viaje podría cargar con 200.000 dólares adicionales, un coste capaz de alterar decisiones de ruta, contratos de flete y márgenes de las compañías afectadas. El alcance final dependerá de la decisión que adopte la comisión cuando termine el proceso abierto.
La segunda vía de presión está en tierra firme. La propuesta también contempla restringir la entrada en Estados Unidos de determinados productos españoles, una amenaza que trasladaría el conflicto portuario a sectores exportadores que no participan directamente en el transporte marítimo.
Entre los bienes señalados aparecen la perfumería y la cosmética, los aceites y grasas, la cerámica, los artículos de piedra, el azúcar y la confitería. La lista reúne productos con presencia internacional y deja abierta la incógnita sobre el impacto que tendría una limitación efectiva en las relaciones comerciales.
La medida estadounidense no equivale aún a una sanción definitiva. La comisión ha abierto un periodo de consulta pública para recoger observaciones y valorar las posibles respuestas. También prevé que España pueda defender formalmente su posición antes de que se determine si las represalias siguen adelante.
El Gobierno español rechaza que sus decisiones hayan discriminado a Estados Unidos o a otro país. Su posición es que las restricciones adoptadas no justifican una medida comercial de este tipo y que la respuesta deberá coordinarse con las instituciones europeas y con los demás Estados miembros.
El conflicto tiene una raíz política y humanitaria que la investigación ha dejado fuera de su análisis. El debate sobre el tránsito de cargamentos vinculados a Israel marcó las decisiones españolas, mientras que el organismo estadounidense ha limitado su examen a los efectos sobre el comercio marítimo internacional.
La investigación recoge que algunas rutas ya cambiaron. Buques que antes escalaban en puertos españoles desviaron sus recorridos hacia Tánger, en Marruecos, lo que ilustra cómo una decisión portuaria puede desplazar actividad logística antes incluso de que se adopte una medida económica formal.
También queda por resolver cómo encajaría una eventual represalia dirigida a España dentro del mercado único europeo. El comercio exterior es una competencia compartida en el marco de la Unión Europea, y esa dimensión añade incertidumbre jurídica y diplomática a una disputa que ya amenaza con elevar los costes del transporte.
Por ahora, la tasa de 200.000 dólares y las restricciones a productos españoles son una propuesta, no una realidad consumada. Pero el aviso ya ha quedado lanzado: una controversia nacida en los muelles puede terminar golpeando a navieras, exportadores y relaciones políticas a ambos lados del Atlántico.
