El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos
Una misma familia puede llegar al 29 de noviembre con derechos electorales distintos. El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes extender a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos la suspensión cautelar que afecta a sus progenitores.
La petición procedía de Vox e Iustitia Europa. Ambas formaciones pretendían ampliar la restricción a otro grupo de alrededor de 190.000 personas, cuyos integrantes conservarán la posibilidad de votar en las próximas elecciones generales.
La decisión se ha conocido el 9 de noviembre y llega cuando faltan veinte días para las urnas. El tribunal considera inviable ejecutar a tiempo una nueva exclusión del censo con las garantías necesarias.
El auto corresponde a la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Entre sus seis magistrados hay un voto discrepante y otro concurrente: la respuesta judicial tampoco ha sido unánime en sus razones.
El juez Antonio Fonseca-Herrero defendió que la suspensión debía extenderse a los hijos. La magistrada Alicia Millán respaldó el rechazo, aunque entendió que la ampliación solicitada excedía el objeto del recurso.
Para los nacionalizados afectados por la suspensión anterior, el escenario sigue siendo otro. El Supremo mantiene la medida cautelar que alcanza a unas 163.000 personas, pese a las alegaciones presentadas para que reconsiderase su decisión.
La excepción continúa ligada a la historia familiar: podrán votar quienes acrediten que sus ascendientes fueron exiliados. Los hijos de los nacionalizados, en cambio, quedan fuera de la ampliación cautelar que reclamaban las dos formaciones.
El conflicto nace de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Una instrucción posterior permitió presumir el exilio de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955; esa interpretación está en el centro del litigio.
Los recurrentes sostenían que el acceso de los hijos a la nacionalidad dependía del reconocimiento previo a sus padres. Con ese argumento pidieron trasladar también a los descendientes las restricciones electorales discutidas.
La mayoría ha dado peso al calendario y a la seguridad jurídica del censo. Identificar afectados, comunicar decisiones y tramitar reclamaciones exigiría actuaciones de varias administraciones en las pocas semanas que quedan.
La resolución conserva así dos situaciones distintas dentro de esta controversia. Rechaza añadir otro colectivo a la suspensión, mientras mantiene la restricción anterior sobre los nacionalizados que no acrediten el exilio exigido.
El Gobierno ha celebrado el rechazo a la ampliación, que coincide con la posición defendida por la Abogacía del Estado. El Ejecutivo, sin embargo, lamenta que el mismo criterio no haya protegido a los nacionalizados cuyo voto sigue suspendido.
La respuesta del Ejecutivo incluye la esperanza de que la decisión definitiva ampare los derechos de ese colectivo. Por ahora, las resoluciones conocidas mantienen el carácter cautelar de una controversia que sigue abierta.
El 29-N permanece como fecha decisiva para estas familias. Los hijos podrán participar sin la nueva suspensión solicitada; para los padres afectados, acreditar la condición de descendientes de exiliados sigue marcando el acceso al voto.
