Desahucian a Rudolf y su familia en Valencia: dos menores y una abuela enferma sin vivienda

La puerta de su casa dejó de ser una salida y se convirtió en una pérdida. Rudolf, su mujer, sus dos hijas menores y su madre enferma fueron desahuciados este lunes 9 de noviembre de una vivienda del barrio de la Malvarrosa, en Valencia.

El desalojo se ejecutó en la calle Cavite después de dos aplazamientos. Las fechas anteriores, el 28 de octubre y el 5 de noviembre, habían terminado con la familia todavía dentro gracias a la presión de las entidades que la acompañaban.

Esta vez, el entorno del domicilio estaba rodeado desde las seis y media de la mañana. El portavoz del Sindicat d’Habitatge, Esteban Arellano, denunció que el dispositivo policial impedía la intervención del colectivo para intentar frenar la salida.

La hora prevista para el desahucio eran las nueve. Antes se reunieron varias decenas de personas en las inmediaciones, con una pancarta que pedía detener todos los desalojos y consignas contra la pérdida de viviendas sin una respuesta para sus habitantes.

La familia y el sindicato sostenían que existían dos informes de vulnerabilidad expedidos por la oficina de Servicios Sociales de la Malvarrosa. Esos documentos eran el principal argumento que esgrimían para pedir que se suspendiera la ejecución.

Ante el cordón policial, integrantes del sindicato intentaron llegar hasta la comitiva judicial para entregarle los informes. La documentación acreditaba la situación vulnerable de la familia, insistía Arellano, pero la intervención no evitó el desahucio.

El último aplazamiento había dejado apenas cuatro días para buscar otro techo. Arellano criticó ese margen por considerarlo insuficiente para gestionar una alternativa, mientras Rudolf afrontaba la llegada del lunes sin una vivienda a la que trasladarse.

La víspera, Rudolf había llevado parte de los enseres familiares a un trastero. Todavía quedaban pertenencias dentro del piso cuando llegó el momento de abandonarlo, explicó; su petición era disponer de más tiempo para terminar de sacar sus cosas.

Entre quienes debían dejar la vivienda estaba su madre, de 75 años y enferma. Rudolf expresó su angustia por ella y por una de sus hijas, de seis años, al plantear que él y su mujer podrían acabar durmiendo en el coche tras perder la casa.

Esa posibilidad era un temor expresado por el afectado, mientras seguía buscando una salida para los suyos. Su reclamación al Ayuntamiento era concreta: una vivienda que pudiera asumir, con un alquiler situado entre los 450 y los 500 euros.

Después del desahucio, la familia acudió a Servicios Sociales. El sindicato había preparado la documentación para solicitar ayuda y anunció que continuaría acompañándola durante el proceso, ahora centrado en encontrar un lugar donde alojarse.

El recurso inmediato que se les había planteado era un albergue temporal. Rudolf explicó que le habían hablado de esa opción, aunque todavía no la habían concretado; el portavoz del sindicato también la señaló como la posible salida a corto plazo.

Arellano cuestionó que las medidas de protección invocadas por el colectivo hubieran servido para detener el desalojo. Su denuncia se apoyaba en los informes y en la ausencia de otra vivienda; era la posición del sindicato sobre una ejecución que ya se había consumado.

Los dos aplazamientos habían permitido a Rudolf conservar unos días más la casa, pero el tercero de los señalamientos terminó con toda la familia fuera. Con dos niñas y una mujer mayor enferma, la búsqueda de un techo pasó a ser la urgencia de ese mismo lunes.