Ceuta vuelve al borde: Feijóo exige devolver a todos los llegados y el Gobierno avisa de que con los menores sería ilegal
Ceuta volvió a colocarse este miércoles al borde del estallido político cuando Alberto Núñez Feijóo reclamó la devolución de todos los migrantes llegados de forma irregular a la ciudad, incluidos los menores, en medio de una crisis que lleva semanas tensando la frontera sur.
La escena se produjo durante una comparecencia en la ciudad autónoma, donde el líder del PP sostuvo que España no puede aceptar amenazas ni chantajes de Marruecos y defendió que quienes cruzaron de manera irregular deben regresar, sin abrir una excepción política por edad.
El núcleo de su mensaje fue tajante: evitar que se consolide un precedente que, a su juicio, premie una entrada masiva que interpreta como un ataque a la soberanía española y a la integridad territorial de Ceuta, un territorio que situó fuera de cualquier negociación.
Junto a ese planteamiento, Feijóo insistió en que la relación con Marruecos solo puede sostenerse sobre reciprocidad, respeto mutuo, lealtad y confianza, y sugirió que varias declaraciones procedentes del entorno institucional marroquí han deteriorado ese equilibrio durante la crisis.
El discurso elevó todavía más la temperatura porque ligó la gestión migratoria con la seguridad interna de la ciudad, al denunciar agresiones y violaciones recientes y al cuestionar quién protege a las niñas que viven en Ceuta mientras se discute el futuro de cientos de menores extranjeros.
La respuesta del Gobierno llegó pocas horas después y fue frontal. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, rechazó que la propuesta pueda presentarse como una simple reunificación familiar y la describió como una deportación de niños y niñas sin garantías ni derechos.
El choque no es solo político, también es jurídico. El Ejecutivo recordó que la Ley de Extranjería no permite repatriar a un menor de manera automática y exige comprobar caso por caso si existen condiciones reales y seguras para una eventual reunificación con su familia.
Esa exigencia de análisis individualizado sitúa el debate en un terreno incómodo para quienes piden devoluciones exprés, porque obliga a separar a cada menor del ruido de la frontera y a evaluar su situación personal, su vulnerabilidad y el entorno al que sería devuelto.
En paralelo, el Gobierno mantiene sobre la mesa la necesidad de atender con urgencia a quinientas niñas en situación de extrema vulnerabilidad, una cifra que se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de una crisis que ha sobrecargado la capacidad de acogida ceutí.
La posición defendida por Feijóo coincide con la idea de que también los menores podrían ser devueltos si sus familias o el propio Estado marroquí asumieran su cuidado, pero esa hipótesis choca con la advertencia oficial de que sin garantías concretas no hay cobertura legal posible.
El resultado es una fractura cada vez más visible entre la lógica de control fronterizo inmediato y la obligación de respetar el marco de protección de la infancia, dos planos que en Ceuta han terminado chocando con una dureza pocas veces vista en plena crisis migratoria.
Nada de esto ocurre en el vacío. La ciudad sigue marcada por las secuelas de la entrada masiva registrada a finales de julio, por el miedo a nuevos episodios de presión en la frontera y por una sensación de desgaste que ha contaminado el debate político nacional.
En ese contexto, las palabras pronunciadas este 19 de agosto no funcionan como una simple declaración aislada, sino como un nuevo desarrollo de la crisis: una ofensiva política para endurecer la respuesta y, al mismo tiempo, una réplica gubernamental que fija un límite legal sobre los menores.
Ceuta queda así atrapada entre la urgencia, el miedo y el pulso entre administraciones, mientras el foco se estrecha sobre una pregunta brutal: hasta dónde puede llegar el Estado para cerrar una frontera cuando en el centro de la disputa siguen estando también niños y niñas.
