Llanes, Asturias: la pesadilla previa de Laura Cruz, la agente asesinada por su expareja

Laura Cruz Vega tenía 50 años y llevaba tiempo destinada en el cuartel de Llanes cuando su vida quedó atrapada en una espiral de hostigamiento que no terminó con una separación ni con una sentencia. Su muerte dentro de esas mismas dependencias convirtió en crimen final una cadena de violencia que ya había dejado señales brutales durante años.

El episodio que mejor resume esa pesadilla se remonta al 28 de julio de 2019, cuando su expareja, Dámaso Fernández Serantes, también guardia civil, irrumpió en el recinto para visitar a sus hijos y acabó atacándola con una violencia feroz. La agresión no fue un forcejeo menor: hubo golpes, patadas, caída al suelo y un impacto tan salvaje que Laura perdió varias piezas dentales.

Aquel ataque ocurrió delante de testigos y dejó una huella física inmediata, pero también una herida de fondo mucho más difícil de cerrar. Desde entonces, la mujer quedó marcada por el miedo a un hombre que no aceptaba la ruptura y que convirtió la vigilancia, la presión y el castigo emocional en una rutina asfixiante que invadía su trabajo, su familia y su margen de defensa.

La condena por violencia de género llegó después, con una pena de un año y ocho meses por los hechos de 2019, además de medidas de alejamiento, prohibición de comunicación y retirada de armas. Sin embargo, aquella respuesta no implicó su entrada efectiva en prisión, y ese dato dejó abierto un hueco peligroso entre la gravedad de lo ocurrido y la capacidad real del sistema para contenerlo.

Con el paso del tiempo, las medidas que debían proteger a Laura fueron perdiendo vigor jurídico hasta caducar en diciembre de 2025. La pulsera de control vinculada a la protección dejó de estar activa y, cuando ella pidió recuperar ese refuerzo, la reposición no salió adelante, pese a que la trayectoria previa del agresor ya mostraba un patrón persistente y nada episódico.

La historia tampoco quedó limitada a aquella paliza. Durante años, el exagente había desplegado una forma de control que mezclaba denuncias, presión y desgaste continuo, hasta convertir la relación rota en un frente permanente. El acoso no aparecía solo en momentos de estallido, sino en una secuencia larga de acciones que buscaban quebrarla, aislarla y mantenerla bajo amenaza.

En paralelo, la Guardia Civil mantuvo a Dámaso apartado del servicio activo y sin devolverle el arma reglamentaria, pero el expediente disciplinario siguió sus propios tiempos. Esa lentitud administrativa añadió otro elemento inquietante al caso: el agresor seguía perteneciendo al cuerpo mientras avanzaban, por un carril distinto, las consecuencias penales y las revisiones internas de su conducta.

La resolución definitiva de ese expediente llegó a comienzos de julio de 2026 y le notificó la expulsión del cuerpo pocos días antes del asesinato. Ese detalle temporal pesa como una pieza decisiva dentro del rompecabezas, porque sitúa el crimen en un momento en que el agresor veía cerrarse de forma definitiva su vínculo profesional, institucional y simbólico con el entorno que compartía con Laura.

A pesar de la caducidad formal de parte de las medidas judiciales, Laura siguió dentro del sistema VioGén durante más tiempo y su nivel de riesgo fue revisado de nuevo a finales de julio. El problema es que la permanencia en ese circuito no bastó para neutralizar una amenaza que ya había demostrado capacidad de planificación, conocimiento del entorno y determinación para vulnerar límites previos.

El 5 de agosto de 2026, Dámaso se desplazó desde Zamora hasta Asturias y logró acceder al arma con la que después ejecutó el ataque. Las pesquisas apuntan a que sustrajo la pistola de un compañero tras forzar una taquilla, un fallo de seguridad gravísimo que convirtió una restricción anterior en una barrera inútil y le permitió recuperar por otra vía la capacidad letal que le habían retirado.

Con esa arma se introdujo en el cuartel de Llanes y sorprendió a Laura en la zona de oficinas de la Plana Mayor. Allí le disparó mortalmente y desató una escena de terror dentro de un espacio que, en teoría, debía ser uno de los lugares más protegidos para una agente amenazada por su expareja. El crimen dejó además otros dos guardias civiles heridos, uno de ellos de extrema gravedad.

Lo que estremece de este caso no es solo la brutalidad del desenlace, sino la acumulación previa de avisos concretos: una paliza con lesiones severas, una condena, restricciones de contacto, seguimiento institucional, miedo sostenido y una revisión constante del riesgo. Nada de eso era abstracto, y sin embargo el desenlace llegó después de que varias defensas fueran perdiendo eficacia o margen de reacción.

Laura deja tres hijos y una historia que obliga a mirar más allá del instante de los disparos. Su asesinato no aparece como un hecho aislado ni como una explosión repentina de furia, sino como el último acto de una persecución larga que fue avanzando entre trámites, plazos y resquicios mientras la víctima convivía con la certeza de que el peligro no había desaparecido.

En Llanes queda ahora la pregunta más dura de todas: cómo pudo llegar hasta ella un hombre ya condenado por maltratarla, sin arma oficial, expulsado del cuerpo y sometido durante años a medidas de control. La respuesta judicial e interna deberá aclarar cada fallo, pero la secuencia ya revela una verdad insoportable: Laura había denunciado su pesadilla mucho antes de morir dentro del cuartel.