PACMA denunciará a un vecino de Valdepeñas que asegura haber matado a 40 gatos comunitarios

La denuncia todavía no ha llegado al juzgado, pero el caso ya ha dejado una estampa inquietante en Valdepeñas. Un vecino aseguró en un vídeo difundido en redes sociales que había matado a alrededor de 40 gatos comunitarios que se movían entre su finca y las carreteras próximas.

La grabación, atribuida al propio hombre, fue el detonante de la reacción del Partido Animalista. En ese relato no solo describe la muerte de los animales, sino que intenta justificarla con un discurso de castigo y desprecio hacia la presencia de colonias felinas en la zona.

El hombre sostiene que muchos de esos gatos entraban en su propiedad o cruzaban por la vía que conduce hasta ella. También afirma haber atropellado a varios ejemplares mientras circulaba, una versión que ha elevado todavía más la gravedad de lo denunciado por la formación animalista.

PACMA anunció este viernes que trasladará a la Guardia Civil tanto el contenido del vídeo como el material disponible para que se investigue lo ocurrido. La clave ahora está en determinar si los hechos relatados se corresponden con muertes reales, desapariciones o una mezcla de ambas situaciones.

La denuncia apunta a una colonia felina vinculada al entorno de Valdepeñas y sitúa el foco sobre animales comunitarios, es decir, gatos que viven en libertad pero cuya gestión corresponde a la administración local dentro del marco de protección y control previsto por la legislación vigente.

Ese detalle es central porque desmonta una de las ideas repetidas en el vídeo: que los animales pertenecen a particulares concretos y que, por tanto, deberían permanecer encerrados en domicilios. En el régimen de colonias felinas, la responsabilidad pública se concentra en el control, la alimentación autorizada y la protección.

En el mismo material, el vecino responsabiliza al Ayuntamiento de Valdepeñas por permitir la alimentación de los gatos comunitarios y arremete contra una persona encargada de gestionar una colonia de la zona. Esa combinación de acusaciones e insultos añade tensión a un caso ya marcado por la violencia verbal y la presunta crueldad.

La formación animalista reclama que se compruebe de inmediato el estado de las colonias felinas cercanas y que se determine cuántos ejemplares podrían haber desaparecido. No se trata solo de verificar una cifra estremecedora, sino de aclarar si quedan animales en riesgo en el mismo entorno donde se produjo el relato.

El posible encaje penal de los hechos es uno de los elementos más sensibles del caso. Causar intencionadamente la muerte de animales protegidos puede constituir un delito, y por eso la investigación deberá valorar la literalidad de las afirmaciones, la existencia de pruebas físicas y la trazabilidad del vídeo difundido.

La denuncia también abre una grieta más amplia sobre la convivencia entre vecinos, gestores de colonias y administraciones. Cuando esa tensión estalla en un discurso de exterminio, el conflicto deja de ser una simple disputa local y se convierte en una alarma sobre la capacidad real de proteger a los animales más expuestos.

Otra incógnita relevante está en el número exacto de gatos afectados. La cifra de 40 procede del propio relato del hombre y debe ser sometida a contraste, pero incluso bajo una hipótesis de exageración, la mera admisión de haber arrollado y matado animales de forma deliberada coloca el caso en un terreno extremadamente grave.

Las referencias a carreteras próximas y a una finca concreta pueden facilitar la localización de indicios, restos o testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido. Si existieron atropellos reiterados o muertes dentro de la propiedad, la investigación tendrá que separar la bravuconada del hecho consumado sin perder de vista el daño potencial ya causado.

Mientras tanto, el temor se extiende entre quienes cuidan colonias felinas en la zona. La denuncia de PACMA no solo persigue castigar una conducta concreta, sino frenar un mensaje que normaliza la eliminación de animales comunitarios como si fuera una respuesta aceptable a un problema de convivencia.

El caso ha quedado suspendido en ese punto en el que todavía no hay resolución oficial, pero sí un relato lo bastante duro como para activar a la Guardia Civil y exigir respuestas urgentes. En Valdepeñas, la sombra que deja ese vídeo no se mide solo en números, sino en la posibilidad de que la violencia ya haya ocurrido de verdad.