Henri Parot obtiene el tercer grado: semilibertad para el condenado por 39 asesinatos de ETA
La puerta de la prisión de Zubieta queda ahora al final de una nueva decisión penitenciaria. Henri Parot, exdirigente de ETA y condenado por 39 asesinatos, ha obtenido el tercer grado tras más de tres décadas encarcelado. La medida lo sitúa en un régimen de semilibertad y abre un nuevo capítulo en una condena marcada por algunos de los atentados más graves de la banda.
El Gobierno Vasco ha aceptado la progresión de grado a partir del informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel guipuzcoana donde cumple condena. El paso no equivale a la libertad plena, pero modifica de forma sustancial su vida penitenciaria: podrá desarrollar actividades fuera del centro bajo las condiciones fijadas para este régimen y con la supervisión correspondiente.
Parot ingresó en prisión en 1990, después de ser detenido en Sevilla durante una operación policial. La condena acumulada que cumple es de 40 años, aunque las sentencias dictadas por sus crímenes sumaban miles de años. Su nombre quedó unido a una época de violencia que dejó decenas de víctimas y una huella persistente en numerosas familias.
Entre los atentados atribuidos a su trayectoria figura el ataque contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, cometido en 1987. Once personas fueron asesinadas, cinco de ellas menores de edad, y otras 88 resultaron heridas. Aquel atentado sigue siendo una de las imágenes más dolorosas de la historia reciente del terrorismo en España.
La decisión llega después de un periodo en el que Parot ya se beneficiaba de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esa fórmula le permitía salir de prisión de lunes a viernes para realizar tareas de voluntariado y regresar a dormir al centro. El tercer grado consolida un nivel de semilibertad más avanzado que aquella flexibilización previa.
El expediente penitenciario ha valorado una evolución favorable durante sus periodos de adaptación y el uso correcto de los permisos de salida. También recoge escritos en los que Parot reconoce el daño injusto causado por su antigua pertenencia a ETA y expresa el propósito de reparar, en la medida de lo posible, el sufrimiento provocado por la violencia.
La progresión no cierra el recorrido judicial de la decisión. La Fiscalía deberá examinar el caso y decidir si presenta recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Esa posible revisión mantiene abierta una vía de control sobre una medida que, por la identidad del condenado y la gravedad de los hechos, concentra una atención pública especialmente intensa.
El tercer grado es el régimen penitenciario que permite una vida en semilibertad a quienes cumplen los requisitos previstos por la ley. En el caso de Parot, el debate vuelve a enfrentar la valoración de su evolución individual con el peso de los crímenes por los que fue condenado. Ambas dimensiones aparecen inevitablemente ligadas en cada avance de su situación penitenciaria.
La historia judicial de Parot ya había dado nombre a la conocida doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 a raíz de un recurso presentado por este preso. Aquella interpretación cambió el cálculo de beneficios penitenciarios para condenas muy elevadas y prolongó durante años la permanencia en prisión de numerosos miembros de ETA.
En 2013, la justicia europea anuló aquella doctrina y se produjeron excarcelaciones de presos de ETA. El actual tercer grado no se apoya en aquel debate jurídico, pero devuelve el apellido Parot al centro de una discusión sobre penas, rehabilitación, memoria y garantías. Cada resolución relacionada con su condena revive el impacto de una trayectoria criminal excepcionalmente grave.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo han rechazado la medida. Covite sostiene que no existe un arrepentimiento real, público y verificable, mientras que la AVT ha pedido que se analice de inmediato la posibilidad de recurrir. Dignidad y Justicia también ha cuestionado la progresión, con especial atención a la falta de información que, a su juicio, ayude a esclarecer atentados aún sin resolver.
El rechazo de las víctimas se apoya en una memoria concreta: nombres, atentados, heridas que no desaparecen con el paso de los años y condenas que describen la magnitud de los hechos. Para esas familias, la semilibertad de Parot no es una noticia administrativa aislada, sino una decisión que vuelve a colocar en primer plano el daño causado y las respuestas pendientes.
Parot no cumplirá íntegramente su condena hasta agosto de 2028. Hasta entonces, su situación seguirá sometida a las reglas del régimen concedido y a las decisiones que puedan adoptar los órganos de vigilancia y la Fiscalía. La evolución del caso dependerá tanto de las condiciones fijadas para su semilibertad como de la eventual respuesta jurídica a la progresión.
El tercer grado transforma el perímetro de una condena que comenzó hace 35 años, pero no reduce la gravedad de los crímenes que la originaron. Entre la expectativa de reinserción que contempla el sistema penitenciario y la memoria de las víctimas permanece una tensión difícil de cerrar. La resolución vuelve a situar esa fractura en el centro del debate público.
