El delegado de Ceuta se niega a dimitir y reduce el aviso del CNI a un intercambio informativo
La crisis que desbordó Ceuta los días 30 y 31 de julio vuelve a colocar a la Delegación del Gobierno bajo una luz incómoda. Miguel Ángel Pérez Triano ha rechazado dimitir y ha defendido que nadie le avisó de la magnitud que iba a alcanzar la entrada masiva.
Su respuesta llega después de que salieran a la luz comunicaciones del CNI previas a aquellos días. El delegado sostiene que no conoció los mensajes ni las llamadas recibidas por un integrante de su gabinete y niega que aquel contacto equivaliera a una alerta oficial.
Pérez Triano ha trazado una frontera muy precisa entre una información general y una advertencia operativa. Para él, los mensajes intercambiados describían un contexto migratorio grave y complejo, pero no anticipaban una irrupción de miles de personas por mar y por la valla.
La explicación se apoya en la forma del aviso. El delegado ha insistido en que una alerta de verdadera gravedad habría seguido los canales formales, con destinatarios de mayor rango y una comunicación oficial, no un mensaje remitido a un cargo de su gabinete.
Aquella conversación se produjo el 29 de julio, apenas un día antes de la entrada masiva. En ella se trasladaba que circulaban convocatorias en redes sociales para intentar acceder a Ceuta durante la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos.
Los documentos conocidos describen grupos con una capacidad de difusión muy amplia y llamadas a cruzar por la valla y por mar. Ese detalle ha alimentado la controversia, porque la existencia de convocatorias previas contrasta con la tesis de que nadie previó el alcance final de lo ocurrido.
Desde la Delegación se defiende que ya se habían comunicado al Gobierno central el aumento progresivo de la presión migratoria y los problemas que generaba el efecto llamada. También se habían adoptado refuerzos, especialmente en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
La defensa de Pérez Triano no discute que hubiera tensión en la frontera. Lo que rechaza es que los datos disponibles permitieran anticipar una entrada de una dimensión tan excepcional, capaz de superar las medidas que estaban activadas en ese momento.
El delegado ha presentado esa diferencia como el núcleo del caso: una cosa era detectar actividad y movimientos en redes, y otra saber que la convocatoria desembocaría en una llegada masiva. Bajo esa premisa, mantiene que su equipo actuó dentro de la información que tenía disponible.
La polémica se extiende más allá de Ceuta porque afecta a la cadena de transmisión de información sensible. La discusión ya no se limita a qué se sabía antes de la crisis, sino también a quién recibió cada aviso, cómo se interpretó y qué decisiones se tomaron después.
El Ejecutivo ha respaldado la idea de que no existió una alerta formal sobre una llegada masiva. Su posición es que las comunicaciones del CNI trasladaban convocatorias detectadas en redes, pero no una previsión concluyente sobre la escala o la probabilidad de la entrada que terminó produciéndose.
Esa lectura no elimina las preguntas. La referencia a grupos que reunían cerca de 180.000 seguidores y a un posible asalto al día siguiente convierte cada mensaje previo en una pieza relevante para reconstruir por qué la frontera quedó expuesta a un desbordamiento de tal tamaño.
Pérez Triano ha elegido mantenerse en el cargo y cerrar filas con la actuación de la Delegación. Ha dicho que no permitirá que se cuestione el trabajo realizado y ha repetido que las medidas habrían sido insuficientes ante un episodio que, a su juicio, nadie pudo dimensionar a tiempo.
La respuesta institucional abre una nueva fase en el relato de la crisis: ya no solo se investiga la fuerza de la entrada, sino el valor que se dio a las advertencias que la precedieron. Entre mensajes, llamadas y documentos, Ceuta busca todavía la secuencia exacta de aquel desbordamiento.
