La jueza de la DANA eleva a 232 las víctimas al incluir a una vecina de Guadassuar fallecida tras quedarse sin oxígeno

La cifra oficial de muertos por la DANA que arrasó Valencia el 29 de octubre de 2024 ha vuelto a moverse casi dos años después. La investigación judicial añade ahora una muerte más al balance y lo eleva a 232 víctimas reconocidas.

La nueva víctima es una mujer de edad avanzada de Guadassuar que sufría una insuficiencia respiratoria crónica grave. Su vida dependía de una máquina de oxígeno y de ventilación que dejó de funcionar cuando el agua invadió la vivienda y cortó la luz.

Ese apagón no fue un detalle menor ni una coincidencia administrativa. Para la instructora, la interrupción de la oxigenoterapia durante el caos de la riada actuó como el detonante que precipitó una descompensación respiratoria aguda de consecuencias irreversibles.

La mujer consiguió salir con vida del primer golpe de la catástrofe. Fue rescatada por bomberos y vecinos hacia el mediodía del 30 de octubre, horas después de la barrancada, y trasladada a una residencia del mismo municipio, donde lograron reanimarla.

Después llegó el traslado en ambulancia al Hospital de La Ribera, en Alzira. Allí quedó ingresada hasta que murió finalmente el 6 de noviembre de 2024, una fecha que cerró su agonía pero no la discusión sobre si aquella muerte debía contar entre las víctimas de la DANA.

El auto notificado este 2 de septiembre de 2026 asume esa conexión de forma directa. La jueza sostiene que existe una relación de causalidad entre el corte del suministro que dejó sin oxígeno a la paciente y el desenlace posterior que terminó con su fallecimiento.

La resolución se apoya en un informe forense que describe una cadena clínica concreta y verificable. La falta de ventilación mecánica y oxigenoterapia no aparece como un contexto difuso, sino como el factor desencadenante del deterioro que motivó el ingreso hospitalario.

Ese matiz resulta decisivo porque no se trata solo de una muerte ocurrida días después del temporal. La clave judicial está en que la causa abierta considera que el desastre no terminó cuando bajó el agua, sino cuando dejaron de pesar sus efectos sobre cuerpos ya al límite.

El caso vuelve a colocar en el centro a las víctimas más frágiles de aquella noche: ancianos, enfermos crónicos y personas que dependían de electricidad, medicación o asistencia para seguir respirando. En muchos hogares, el barro no entró solo por las puertas, también se metió en las máquinas que sostenían la vida.

La inclusión de esta mujer no cierra nada, pero agranda el tamaño de la herida oficial. Cada nueva víctima reconocida altera el relato administrativo de la tragedia y refuerza la idea de que el balance humano de la DANA siguió creciendo mucho después del impacto inicial.

La investigación judicial sobre las riadas de Valencia ya había incorporado otros fallecimientos en revisiones posteriores, siempre bajo el examen de informes médicos y forenses. Esta nueva decisión encaja en esa línea: revisar una a una las muertes que quedaron en la frontera entre la catástrofe y sus secuelas.

También deja claro que el procedimiento sigue vivo y abierto a discusión. El auto no es firme, de modo que puede ser recurrido en reforma o apelación por las partes personadas, aunque por ahora fija en 232 la cifra oficial utilizada dentro de las diligencias.

En términos humanos, la escena resulta devastadora incluso lejos del día de la riada. Una mujer rescatada con vida, reanimada tras el colapso, trasladada de un lugar a otro y finalmente vencida por la falta de aire convierte el expediente en algo más que una suma estadística.

Con esta decisión, Guadassuar entra de nuevo en el mapa sombrío de una tragedia que todavía no termina de cerrarse. La DANA dejó barro, silencio y muerte en 2024, y en septiembre de 2026 la justicia sigue desenterrando consecuencias que nunca dejaron de respirar debajo del desastre.