Trabajo golpea con 9.000 euros a una asociación de autismo por una caseta solidaria en Badajoz
La escena que denuncia Apnasurex no tiene nada de rutina administrativa. En plena Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro de Salvatierra de los Barros, una caseta levantada para recaudar fondos terminó convertida en el origen de una sanción que amenaza con devorar dinero destinado a menores con trastorno del espectro autista.
La multa asciende a 9.000 euros y nace de una conclusión seca de la Inspección de Trabajo: detrás de varios voluntarios que atendían la caseta podía existir una relación laboral encubierta. Esa interpretación cayó como un mazazo sobre una entidad que asegura llevar años sosteniendo esa actividad con fines exclusivamente benéficos.
La inspección acudió el 30 de mayo acompañada por la Guardia Civil e identificó a parte de las personas que estaban en la caseta. De los catorce voluntarios vinculados al dispositivo solidario, las declaraciones de dos de ellos acabaron siendo la base de la sospecha que abrió el expediente sancionador.
La asociación sostiene que esa lectura es radicalmente errónea y asegura haber entregado documentación para demostrar que no existía contratación oculta ni reparto de beneficios. Defiende que la labor fue voluntaria y que el dinero obtenido siguió un circuito cerrado hacia la propia entidad y sus gastos justificados.
La cifra recaudada en esa edición fue de 15.010 euros, ingresados íntegramente en la cuenta de la asociación. Apnasurex afirma que los únicos pagos realizados correspondieron a proveedores, un detalle que utiliza para reforzar su versión de que la caseta no funcionaba como negocio, sino como herramienta de financiación social.
La entidad también presentó sus estatutos y cartas de apoyo del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros y de la Federación Autismo Extremadura. Pese a ello, el expediente siguió adelante hasta desembocar, siempre según la versión denunciada por la asociación, en la sanción máxima prevista en el orden social para ese supuesto.
Aunque el importe oficial es de 9.000 euros, la asociación ha decidido acogerse a la reducción por pronto pago y abonará finalmente 5.400 euros. Ese movimiento no implica admisión de culpa, sino una maniobra de supervivencia para evitar que una batalla administrativa o judicial consuma todavía más recursos de los que necesitan las familias.
Detrás del castigo económico hay un dilema que la entidad expone con crudeza. Cada euro desviado a defenderse es un euro que deja de ir a los cerca de treinta niños y niñas con TEA a los que presta atención, una fractura silenciosa que convierte un expediente laboral en un problema directo para la atención diaria.
La Caseta Solidaria no era una iniciativa improvisada ni una aventura puntual. Apnasurex recuerda que nació en 2008 dentro de esa feria y que, desde entonces, ha servido para financiar su Escuela de Verano, un recurso que ayuda a mantener rutinas esenciales para los menores durante los meses en los que cambia toda la estructura escolar.
Ese servicio no solo sostiene a los niños, también actúa como red de alivio para sus familias. La escuela facilita la conciliación laboral, personal y familiar en un periodo especialmente delicado, cuando muchas casas quedan expuestas a una mezcla de agotamiento, necesidad económica y falta de apoyos especializados.
El respaldo público de la Federación Autismo Extremadura ha añadido otra capa de presión sobre el caso. Su posición pasa por reclamar el archivo del expediente y defender que las personas identificadas en la caseta eran voluntarias, no empleadas, dentro de una acción benéfica pensada para financiar una actividad concreta de apoyo.
El golpe no se mide solo en números. También deja una sombra sobre el funcionamiento de muchas iniciativas pequeñas que sobreviven gracias al tejido vecinal, al voluntariado y a la cesión de horas de personas que no cobran nada, pero sostienen estructuras que de otro modo quedarían al borde del cierre o de la reducción de servicios.
Apnasurex insiste en que mantendrá la Caseta Solidaria pese a la sanción, una decisión que tiene algo de resistencia forzada. Continuar significa proteger una fuente de ingresos que consideran vital, pero también asumir que una actividad nacida para ayudar puede volver a situarse bajo sospecha en cualquier nueva edición.
Lo que queda ahora es una asociación golpeada por una multa que considera injusta, una feria convertida en campo de conflicto y un mensaje inquietante para quienes dependen de esa ayuda. El expediente no solo castiga una caseta; abre una grieta en la frágil economía de un proyecto construido alrededor de menores especialmente vulnerables.
