Vigo: una médica acepta cárcel e inhabilitación por falsificar recetas de una compañera

Una médica que trabajaba en el Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha aceptado una condena de un año, un mes y quince días de prisión por falsificar recetas oficiales. La pena incluye un año de inhabilitación profesional, una sanción que pone el foco en la gravedad de utilizar documentación sanitaria ajena.

La resolución se cerró en una vista de conformidad celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. La acusada reconoció los hechos y evitó así un juicio con una petición inicial de cárcel mucho más elevada, además de una inhabilitación profesional de mayor duración.

El origen del caso se sitúa el 6 de diciembre de 2023, durante una jornada laboral. La facultativa aprovechó una ausencia momentánea de una compañera para acceder a su mochila y llevarse un talonario de recetas oficiales junto con el sello profesional que guardaba en su interior.

Con esos elementos, retiró varias hojas del talonario y las completó como si hubieran sido emitidas por la médica titular. Las recetas fueron selladas y firmadas aparentando una autorización que nunca existió, con una identidad profesional convertida en la pieza central de la falsificación.

Las prescripciones estaban dirigidas a la propia acusada y recogían medicamentos como Rubifen, lorazepam y diazepam. Después acudió a distintas farmacias para retirarlos, haciendo pasar las firmas por las de la titular del talonario, un recorrido que trasladó el engaño fuera del hospital.

La acusación calificaba la conducta como un delito continuado de falsificación de documento oficial. No se trataba de una sola receta aislada, sino de una secuencia de impresos oficiales sustraídos, rellenados y utilizados para obtener fármacos mediante una apariencia de legalidad fabricada.

Antes del acuerdo, la Fiscalía solicitaba tres años y medio de prisión y tres años de inhabilitación para ejercer como médica. La distancia entre esa petición y la pena aceptada refleja el peso que tuvieron las circunstancias atenuantes apreciadas durante la vista celebrada en Vigo.

La condena tuvo en cuenta una alteración psíquica vinculada a un trastorno de personalidad con síntomas de TDAH, considerada de relevancia moderada sobre la capacidad volitiva. Esa circunstancia no eliminó la responsabilidad penal, pero sí influyó en la rebaja pactada de la pena final.

También se valoró la reparación del daño. La médica consignó 3.000 euros de responsabilidad civil para indemnizar a la compañera cuya documentación profesional fue utilizada, una cantidad destinada a compensar los daños morales provocados por la suplantación y el uso indebido de su sello.

Además de la prisión y la inhabilitación, el acuerdo incorporó una multa de 555 euros. El conjunto de medidas dibuja una respuesta penal que no se limita al castigo personal: también protege la fiabilidad de las recetas oficiales, indispensables para que pacientes, farmacias y profesionales puedan confiar en su origen.

La pena de cárcel no implicará el ingreso inmediato si la condenada no vuelve a delinquir y mantiene el tratamiento médico y psicológico al que ya está sometida. La suspensión queda condicionada a esas exigencias, de modo que cualquier incumplimiento puede alterar el desenlace práctico de la condena.

El caso expone una ruptura especialmente delicada dentro de un entorno sanitario. Un talonario y un sello no son simples objetos de trabajo: permiten acreditar decisiones clínicas y activar la dispensación de medicamentos, por lo que su sustracción puede abrir una cadena de consecuencias que supera a quien los utiliza.

La compañera afectada no solo vio comprometida su documentación, sino que su firma quedó simulada en recetas presentadas ante establecimientos farmacéuticos. La falsificación colocó su identidad profesional en un circuito ajeno a su voluntad, hasta que la investigación judicial reconstruyó el recorrido de los impresos.

La conformidad cierra el proceso penal con una condena aceptada, pero deja una advertencia nítida: la confianza que sostiene cada receta médica depende de que sus datos, firmas y sellos respondan realmente a quien los emite. En este caso, esa confianza terminó convertida en prueba de un delito continuado.