Ceuta se planta en Madrid: Vivas reclama recuperar la normalidad
Madrid se convirtió este domingo en el escenario de una protesta nacida al otro lado del Estrecho. Miles de personas acompañaron a Mujeres Caballas desde Atocha hasta las inmediaciones del Congreso para exigir que Ceuta recupere una vida que consideran rota desde la entrada masiva de finales de julio.
La marcha comenzó a las 11:30 horas y reunió a familias llegadas de la ciudad autónoma junto a participantes de otros puntos de España. El recorrido terminó en la plaza de las Cortes, donde estaba prevista la lectura de un manifiesto con un plazo concreto: treinta días para que lleguen cambios visibles.
La movilización no se presentó como un acto de partido, sino como una llamada de alarma impulsada por un colectivo de mujeres. Mujeres Caballas reúne a profesionales y madres de familia que han puesto la seguridad, la convivencia y el futuro de sus hijos en el centro de su reivindicación.
Juan Jesús Vivas se situó al frente de esa fotografía política y social. El presidente de Ceuta sostuvo que la ciudad sigue lejos de la normalidad tres meses después de la crisis y describió un clima de agotamiento entre vecinos que, a su juicio, han tenido que cambiar sus hábitos cotidianos.
Vivas reclamó el retorno de las personas migrantes que aún permanecen en Ceuta y pidió un refuerzo de recursos humanos, materiales y tecnológicos en la frontera. Sus palabras trasladaron a Madrid una exigencia que el colectivo convocante considera urgente y que quiere mantener en el debate público.
Durante su intervención, el presidente cifró en torno a 15.000 el número de migrantes que continúan en la ciudad autónoma. También afirmó que no se han producido devoluciones administrativas, una ausencia de actuaciones que presentó como uno de los motivos principales de la frustración expresada en la marcha.
El dirigente ceutí vinculó la crisis a un incremento de la delincuencia, de las urgencias sanitarias y a una caída de la actividad económica. Son datos expuestos por Vivas para sostener que las consecuencias de lo ocurrido no han desaparecido con el paso de los meses, sino que continúan marcando la ciudad.
La protesta avanzó con consignas como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», una frase que resumió el tono de la convocatoria. Entre banderas y familias, la marcha buscó que una crisis vivida en una ciudad fronteriza no quede diluida en la distancia ni en el calendario político.
Maxi Lacasa, policía local y miembro de Mujeres Caballas, defendió la necesidad de respuestas inmediatas. El colectivo plantea que las medidas deben incluir el control efectivo de la frontera y soluciones que permitan recuperar la tranquilidad que, aseguran, ha desaparecido de numerosos barrios.
La organización surgió de manera espontánea entre mujeres de distintos sectores, desde la sanidad hasta la educación y las fuerzas de seguridad. Su presencia en Madrid pretendía dar forma a un malestar doméstico y vecinal que ha pasado de las conversaciones cotidianas a una movilización frente al Congreso.
El desplazamiento tuvo además una dimensión física y emocional para los participantes. Cerca de un millar de ceutíes viajaron durante la noche para estar en la capital, un esfuerzo que Vivas interpretó como una señal de resistencia colectiva y de apego a una ciudad que siente sometida a una presión constante.
La manifestación no resolvió las demandas que la motivaron, pero dejó fijada una fecha límite simbólica. El manifiesto anunciado ante el Congreso emplaza a las administraciones a concretar medidas en treinta días, mientras la plataforma advierte de que seguirá reclamando atención si no percibe avances.
En el fondo de la marcha permanece la crisis de finales de julio, cuando se produjo una entrada masiva desde Marruecos que alteró la capacidad de acogida y la vida diaria de Ceuta. Tres meses después, la concentración mostró que sus efectos siguen siendo un asunto abierto para buena parte de la población.
La imagen de familias ceutíes caminando por el centro de Madrid dejó una advertencia difícil de ignorar: la normalidad que se reclama no es una consigna abstracta, sino una demanda ligada a seguridad, convivencia y horizonte. Ahora la presión recae sobre quienes deben responder a ese plazo de treinta días.
