Despiden a dos policías tras usar táser y gas pimienta contra un anciano en silla de ruedas

La escena ocurrió en una residencia de St Leonards-on-Sea, en el condado inglés de East Sussex, pero su desenlace disciplinario ha llegado cuatro años después. Dos agentes de policía han sido despedidos sin preaviso por la fuerza empleada contra Donald Burgess, un residente de 92 años, amputado de una pierna y usuario de silla de ruedas.

La intervención comenzó el 21 de junio de 2022 tras el aviso de que un residente tenía un cuchillo y había amenazado al personal. Burgess permanecía aislado en una habitación y sostenía un cuchillo de cubertería. La situación exigía cautela, control y una lectura precisa del riesgo antes de que alguien cruzara la puerta.

Las imágenes de las cámaras corporales mostraron que el anciano no estaba junto a otros residentes cuando entraron los agentes. Estaba sentado en su silla de ruedas, con una pierna amputada, y el espacio permitía valorar alternativas antes de recurrir a medidas que podían causar dolor, pánico o lesiones a una persona especialmente vulnerable.

Stephen Smith le advirtió de inmediato de que sería rociado o alcanzado con un táser si no soltaba el cuchillo. Poco después, descargó aerosol PAVA en su cara y golpeó con una porra el brazo que sujetaba el objeto. Rachel Comotto utilizó después el táser. Todo ocurrió en menos de minuto y medio desde la llegada al cuarto.

La secuencia no fue tratada como un episodio inevitable de reacción rápida. El examen disciplinario concluyó que la fuerza utilizada fue excesiva y que ambos agentes incumplieron los estándares profesionales sobre uso de la fuerza, conducta desacreditadora y trato respetuoso. El centro del caso no fue solo el arma, sino la manera de responder a ella.

Donald Burgess fue esposado y trasladado al hospital tras la intervención. Murió el 13 de julio de 2022, veintidós días después. La evaluación médica determinó que las actuaciones policiales no causaron ni contribuyeron a su muerte, un dato que separa el fallecimiento posterior de la responsabilidad disciplinaria por lo ocurrido dentro de la residencia.

El caso ya había pasado por la vía penal. En mayo de 2025, los dos agentes fueron absueltos de los cargos de agresión que afrontaban. La absolución, sin embargo, no cerró la revisión interna. Los procedimientos disciplinarios aplican un estándar distinto y pueden examinar si una conducta fue adecuada aunque no termine en condena judicial.

La audiencia por falta grave concluyó el 6 de octubre de 2026 con el despido inmediato de Smith y Comotto. Los dos serán incluidos en la lista profesional que impide volver a ejercer funciones policiales. La decisión deja una consecuencia directa y duradera: no podrán regresar al cuerpo tras una actuación considerada desproporcionada.

La resolución también analizó una publicación posterior de Comotto en Facebook. Se dio por probada una acusación adicional por un comentario inapropiado que realizó después del incidente. La valoración no quedó limitada a los segundos de la intervención: alcanzó asimismo la conducta exhibida cuando ya se conocía la gravedad y el impacto público de las imágenes.

El organismo de supervisión señaló que no era una situación de peligro inmediato para los agentes ni para otros residentes. Burgess estaba separado del resto y tenía movilidad reducida. Esa distancia entre el riesgo inicial comunicado y el riesgo efectivo observado fue decisiva para valorar que la amenaza de fuerza y su aplicación no eran una última salida necesaria.

En una residencia de mayores, un objeto cortante puede convertir una habitación en un lugar de tensión extrema. Pero la respuesta debía tener en cuenta la edad, la discapacidad, el aislamiento y el margen para desescalar. La resolución disciplinaria sostiene que aquellos elementos no fueron tratados con la prudencia que exigía una intervención ante una persona vulnerable.

El vídeo de la actuación provocó indignación al hacerse público y dejó una imagen difícil de separar de sus detalles: un hombre mayor, con demencia y en silla de ruedas, sometido a aerosol irritante, un golpe de porra y una descarga eléctrica. La decisión final no borra aquella secuencia, pero fija responsabilidades profesionales por cómo se produjo.

El despido refleja que una intervención puede superar los límites aceptables incluso cuando el episodio nace de una llamada de emergencia y aun cuando no exista condena penal. La revisión examinó la proporcionalidad, la necesidad y el trato dispensado a Burgess. Su conclusión fue que los dos agentes habían perdido la confianza necesaria para seguir protegiendo a la comunidad.

Cuatro años después de aquella puerta abierta en una residencia de East Sussex, el expediente se cierra con una expulsión y un veto profesional. Para la familia de Donald Burgess, queda el peso de unas imágenes que mostraron el dolor de un hombre frágil. Para la policía, queda la obligación de que la fuerza nunca sustituya a la contención cuando aún existe otra salida.