Granada: la UGR investiga un escrache a un profesor durante una clase de Arquitectura
La clase estaba en marcha en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada cuando un grupo de manifestantes entró en el aula. La irrupción convirtió por unos minutos un espacio docente en el escenario de una protesta ligada a la crisis de vivienda que atraviesa la ciudad.
La acción reunió a unas sesenta personas vinculadas a la acampada instalada junto al Palacio de Congresos. Los participantes corearon consignas contra el negocio de la vivienda y dirigieron su protesta contra un profesor asociado de la Universidad de Granada.
Los colectivos participantes sostienen que el docente es propietario de varios inmuebles y lo relacionan con un proceso que podría terminar en el desahucio de Paloma, vecina de Plaza Nueva. Esas afirmaciones corresponden a la denuncia de los organizadores de la movilización.
La protesta no surgió de una disputa académica ni de una discusión dentro de la facultad. Su origen está en la acampada por la vivienda, una movilización que ha reunido a estudiantes y otros colectivos para denunciar las dificultades de acceso a un alquiler en Granada.
Durante la entrada en el aula se escucharon gritos de rechazo a los rentistas y al uso de la vivienda como mercancía. El gesto buscaba trasladar la presión de la calle a un centro universitario, con una clase en curso y alumnado presente en el recinto.
La Universidad de Granada confirmó que investiga lo sucedido en la Escuela de Arquitectura, situada en el barrio del Realejo. La institución ha señalado que está recabando información para documentar los hechos y valorar las medidas que correspondan tras la protesta.
La respuesta universitaria se ha centrado también en la seguridad. La UGR reforzó la vigilancia en el centro después de la irrupción y extendió el mensaje de que quiere garantizar la normalidad académica en sus edificios mientras se aclara el alcance de lo ocurrido.
El rector Pedro Mercado ha enmarcado el episodio como un acto de protesta ajeno a una causa académica. Su posición es que la prioridad pasa por evitar que acciones de este tipo alteren la actividad docente o afecten a los derechos de quienes estudian y trabajan en la Universidad.
La acampada del Palacio de Congresos es el telón de fondo de esta escena. Sus promotores defienden que la vivienda debe quedar fuera de la especulación y han utilizado concentraciones, asambleas y acciones de protesta para mantener visible el conflicto del alquiler en la ciudad.
En ese contexto, el caso de Paloma se ha convertido en uno de los símbolos que citan los colectivos movilizados. La vecina permanece en una vivienda de Plaza Nueva y afronta un proceso judicial que ha despertado apoyo entre plataformas por el derecho a la vivienda.
La tensión del escrache revela una frontera delicada: la protesta puede señalar un problema social, pero la entrada en un aula durante una clase desplaza el conflicto hacia quienes no habían acudido a una manifestación. La Universidad trata ahora de reconstruir esa secuencia.
También queda abierta la pregunta sobre las consecuencias internas de la acción. La UGR no ha informado de sanciones ni de responsabilidades concretas, pero sí ha dejado claro que analiza lo sucedido y que la seguridad de la comunidad universitaria forma parte de su respuesta inmediata.
La movilización por la vivienda sigue activa en Granada, donde la acampada ha reunido alrededor de doscientas tiendas de campaña. El escrache añade un capítulo más tenso a una protesta que nació para denunciar desahucios, alquileres elevados y la expulsión de vecinos de sus barrios.
Por ahora, la imagen que queda es la de una clase interrumpida y una Universidad obligada a reaccionar. Entre las acusaciones de los colectivos, la investigación interna y el refuerzo de seguridad, Granada vuelve a medir el choque entre la urgencia habitacional y los límites de la protesta.
