El Gobierno mantiene los decretos de vivienda pese al ultimátum de Junts

La noche dejó un pulso abierto en torno a la vivienda. El Gobierno decidió mantener los dos reales decretos que deben votarse en el Congreso, incluso después de que Junts reclamara su retirada y anunciara que votará en contra. La decisión coloca la sesión parlamentaria ante un desenlace de máxima incertidumbre.

El ultimátum llegó tras una reunión de la dirección de Junts. La formación sostuvo que los textos no resuelven la crisis de fondo y exigió un nuevo decreto, mientras sus siete diputados quedaban alineados con el rechazo. La respuesta del Ejecutivo fue no mover ninguno de los dos asuntos del orden del día.

El primero de los decretos reúne medidas dirigidas a contener los desahucios de personas vulnerables, limitar determinadas compras especulativas y ampliar la oferta de vivienda asequible. Su futuro depende de una aritmética muy ajustada, porque la ruptura de Junts altera por completo los apoyos que esperaba el Gobierno.

El segundo texto aborda la estabilidad de los contratos de alquiler, incluida la renovación automática que había generado resistencias entre varios grupos. El PNV ya había anunciado que no lo respaldaría, de modo que el rechazo de Junts estrecha todavía más la posibilidad de que el paquete salga adelante en su integridad.

La decisión de mantener la votación no elimina el choque, sino que lo traslada al hemiciclo. El Ejecutivo defiende que las medidas contienen herramientas para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda y proteger a los pequeños propietarios, mientras la oposición cuestiona su alcance y sus efectos.

En paralelo, las acampadas y protestas por la vivienda han elevado la presión política. Las movilizaciones surgidas en distintas ciudades han convertido la votación en algo más que un trámite legislativo: cada posición será leída también como una respuesta a quienes reclaman soluciones frente al encarecimiento de los alquileres y la falta de alternativas.

El conflicto tiene un punto especialmente sensible en la protección contra los desahucios. El primer decreto aspira a prolongar hasta 2030 las garantías para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que sus defensores consideran urgente y que sus detractores ven insuficiente o mal planteada para corregir el mercado.

También está en juego el control de la compra de viviendas por determinados fondos y la regulación de fórmulas de alquiler que han crecido al margen de los contratos tradicionales. La discusión revela que el desacuerdo no se limita a un artículo concreto, sino que afecta al modelo de intervención pública en una crisis que se extiende por todo el país.

Junts ha planteado que un nuevo texto debería revertir de forma efectiva la situación de la vivienda. Su negativa, sin embargo, llega cuando el Gobierno insiste en que los decretos son fruto de meses de negociación y que retirarlos supondría renunciar de inmediato a medidas que ya se presentan como necesarias para millones de inquilinos.

La tensión se agrava porque la votación llega después de varios reveses parlamentarios en materia de vivienda. El Ejecutivo ha buscado dividir las medidas en dos decretos para reunir apoyos distintos, pero esa estrategia no ha evitado que las diferencias sobre alquileres, desahucios y propiedad vuelvan a concentrarse en una misma jornada.

Los grupos que apoyan las medidas sostienen que el Congreso debe decidir si prioriza la protección de quienes afrontan alquileres inasumibles o la defensa de un mercado con menos límites. Quienes anuncian su rechazo replican que las iniciativas no atacan las causas estructurales y pueden generar nuevos problemas en la oferta disponible.

La calle también seguirá observando el resultado. En Barcelona y Madrid, las protestas han mantenido la vivienda en el centro de la conversación pública y han convertido los decretos en un símbolo de una demanda más amplia: contratos estables, freno a los desahucios y condiciones que permitan permanecer en los barrios sin quedar expulsados por los precios.

Si Junts confirma el sentido de voto anunciado, el primer decreto quedaría expuesto a una derrota y el segundo partiría con apoyos aún más frágiles. El Gobierno ha optado por asumir ese riesgo y sostener la votación, convencido de que retirar los textos dejaría sin respuesta inmediata una crisis que ya ha desbordado el debate institucional.

El viernes no resolverá por sí solo la emergencia habitacional, pero fijará una frontera política clara. El Congreso tendrá que pronunciarse sobre dos normas nacidas bajo presión social y negociadas al límite, mientras miles de personas siguen esperando una respuesta que no se mida solo en promesas, sino en la posibilidad real de conservar un hogar.