La Fiscalía pide archivar de nuevo la causa contra el perito del móvil de Carcaño
La causa abierta por el informe pericial sobre el teléfono de Miguel Carcaño vuelve a quedar ante una decisión clave. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado otra vez el archivo de la investigación por presunto intrusismo profesional contra Manuel Huerta, responsable de Lazarus Technology.
El procedimiento no reabre el asesinato de Marta del Castillo ni modifica la condena impuesta a Carcaño. Su foco es distinto y mucho más técnico: determinar si quien intervino en aquel análisis digital podía realizar esa labor sin poseer una titulación concreta ni colegiación profesional.
La denuncia partió del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, que cuestionó la intervención de Huerta como perito en informática forense. El debate se ha concentrado en los límites de una profesión, el alcance de sus atribuciones y la validez penal de esa discusión.
El Ministerio Público sostiene que la ingeniería informática no figura en España como profesión regulada con una reserva legal exclusiva. Ese punto ocupa el núcleo de su petición: sin esa delimitación normativa, entiende que no se dan los requisitos para aplicar el delito de intrusismo profesional.
El escrito fiscal añade una segunda línea de razonamiento. La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que un juez pueda acordar informes periciales elaborados tanto por peritos titulares como por personas que no dispongan de un título oficial, una previsión relevante para esta controversia.
Desde esa lectura, la actividad atribuida al investigado no estaría reservada en exclusiva a ingenieros técnicos en informática ni a ingenieros técnicos en informática de sistemas. La Fiscalía considera que el peritaje realizado sobre el terminal no encaja en un ámbito profesional cerrado por ley.
La causa ha recorrido ya un trayecto irregular. El juzgado había acordado inicialmente el archivo, pero la Audiencia Provincial ordenó reabrir las diligencias y practicar nuevas comprobaciones sobre el encargo, la intervención de titulados y la naturaleza del informe presentado en el procedimiento.
En mayo, la instrucción fue prorrogada hasta noviembre al quedar pendiente documentación requerida a otro órgano judicial. Ese plazo mantenía abierta una investigación que discurre en paralelo a la historia judicial más conocida del caso, sin alterar el objeto ni las resoluciones del crimen de 2009.
El teléfono de Carcaño fue analizado dentro de las pesquisas vinculadas a la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. Aquel trabajo pericial volvió a colocar datos digitales en una investigación marcada durante años por versiones cambiantes, diligencias frustradas y una ausencia que nunca ha encontrado respuesta.
La petición de archivo no equivale a una resolución definitiva. Corresponderá al órgano instructor valorar el escrito de la Fiscalía, las alegaciones de las partes y el estado de las diligencias antes de decidir si cierra la causa o mantiene abiertas nuevas actuaciones sobre el presunto intrusismo.
Para el colegio denunciante, la elaboración de informes periciales informáticos constituye un acto propio de profesionales con formación específica. Su posición ha sostenido que Huerta se presentó como perito sin contar con una titulación académica válida en territorio español para ejercer esa función.
La discrepancia revela una grieta que trasciende este expediente: el lugar de la informática forense dentro del sistema judicial y la falta de una regulación profesional equiparable a la de otras ramas de la ingeniería. En esa frontera técnica se ha asentado el conflicto penal ahora examinado.
Marta del Castillo desapareció en Sevilla en enero de 2009 y su cuerpo sigue sin aparecer. Miguel Carcaño fue condenado por asesinato, pero la búsqueda y los procedimientos posteriores han mantenido el caso bajo una presión pública constante, con cada avance sometido a una atención extraordinaria.
La nueva solicitud de la Fiscalía devuelve la causa al punto más delicado: decidir si la discusión sobre la cualificación del perito puede sostener una acusación penal. Mientras el juzgado resuelve, el informe del móvil de Carcaño continúa proyectando una sombra técnica sobre un caso que no ha dejado de doler.
