Las causas que cercaron la legislatura de Pedro Sánchez antes del adelanto electoral
La convocatoria de elecciones anticipadas cerró una legislatura que avanzó bajo una presión judicial constante. Mientras el Gobierno afrontaba el final del mandato, una sucesión de investigaciones, condenas y procedimientos abiertos había situado a antiguos dirigentes socialistas y al entorno del presidente en el centro del debate político.
El golpe más visible nació con el caso Koldo, una investigación sobre contratos de material sanitario durante la pandemia. La causa alcanzó a Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos, y después extendió sus ramificaciones hacia el exministro de Transportes, una figura que había ocupado puestos decisivos dentro del partido.
La investigación no quedó limitada a las compras de mascarillas. Los investigadores abrieron líneas sobre presuntas comisiones y posibles adjudicaciones de obra pública, un recorrido que elevó la tensión dentro del PSOE y colocó en el foco a personas que habían formado parte del núcleo organizativo del partido.
José Luis Ábalos terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de ese deterioro. Su caída política precedió a una condena por delitos entre los que figura la malversación, y su situación judicial dejó una imagen difícil de separar del relato de una legislatura marcada por los tribunales.
Santos Cerdán, sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización, apareció después en la causa relacionada con las supuestas irregularidades en obra pública. La investigación le atribuye un papel relevante en esa trama, una acusación que él ha rechazado y que sigue pendiente de recorrido judicial.
La causa sobre Cerdán se cruzó además con las pesquisas alrededor de Leire Díez. La exmilitante socialista es investigada por presuntas maniobras destinadas a interferir o desestabilizar procedimientos que afectaban al partido y al Gobierno, un frente que añadió una dimensión política especialmente incómoda al calendario judicial.
El tablero se amplió con la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. La Audiencia Nacional examina indicios sobre una presunta red de tráfico de influencias ligada al rescate público de la aerolínea, mientras otra línea analiza las joyas localizadas en su despacho.
También pesó sobre el clima de la legislatura la condena al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo le impuso inhabilitación por revelación de secretos en el caso vinculado a un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una resolución recurrida ante el Constitucional.
El entorno personal del presidente quedó igualmente expuesto a los tribunales. La causa contra Begoña Gómez avanzó hasta la apertura de juicio oral, aunque la Fiscalía ha pedido su absolución y ha cuestionado la instrucción; el proceso mantiene abierto un foco de tensión política y judicial.
David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. La sentencia está recurrida y Pedro Sánchez ha defendido públicamente la inocencia de su familiar.
El resultado fue una legislatura con planos judiciales muy distintos: causas con condenas firmes, investigaciones aún abiertas y procedimientos controvertidos. Esa mezcla impide reducir todos los casos a una misma categoría, pero explica por qué la actividad de los juzgados condicionó la discusión pública durante años.
La oposición convirtió ese desgaste en uno de sus principales argumentos, mientras el Ejecutivo sostuvo que varias acusaciones carecían de base suficiente o respondían a una estrategia de confrontación. Entre ambas posiciones, cada avance procesal alimentó una batalla política que no se detuvo al llegar la convocatoria electoral.
La salida hacia las urnas no borra las investigaciones pendientes. Los procedimientos relacionados con las presuntas adjudicaciones, las gestiones de Leire Díez y el caso Plus Ultra conservan capacidad para producir nuevos datos, declaraciones o resoluciones con impacto sobre la campaña y sobre los protagonistas.
Con las Cortes disueltas y la campaña en el horizonte, el balance judicial queda como una de las huellas más profundas del mandato. No es una sola causa ni una sola sentencia: es una cadena de episodios que dejó al PSOE y al Gobierno bajo una sombra persistente antes de que los votantes vuelvan a decidir.
