Maricarmen murió tras el desahucio: el grito que lo llama asesinato

Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre en el hospital Gregorio Marañón, trece días después de que la desalojaran de la vivienda madrileña en la que había vivido durante más de siete décadas. Tenía 87 años y salió de aquel piso en camilla, en un estado de salud ya frágil.

Su muerte no cerró la escena que había comenzado el 23 de septiembre. La transformó en algo más oscuro: para muchas personas, la imagen de una mujer mayor expulsada de su casa dejó de ser solo la de un desahucio y pasó a representar una derrota irreversible.

En la Puerta del Sol, donde permanecía una acampada vinculada a la crisis de la vivienda, el silencio duró poco. Tras conocer el fallecimiento, quienes estaban allí guardaron un minuto de respeto antes de que el dolor se convirtiera en una consigna repetida frente a todos.

“No son muertes, son asesinatos” fue el grito que atravesó la plaza y acompañó la marcha posterior hacia el Congreso. La frase no describe una imputación ni un dictamen judicial: expresa la acusación política y moral de quienes ven una relación directa entre el desalojo y el final de Maricarmen.

La diferencia importa. No hay una resolución judicial que haya calificado la muerte como asesinato, ni consta una causa penal con esa definición. Pero la protesta puso sobre la mesa otra pregunta, menos técnica y más incómoda: qué responsabilidad existe cuando una decisión legal precipita el derrumbe de una vida vulnerable.

El día del desalojo, Maricarmen fue trasladada desde el sexto piso de su edificio después de horas de tensión. Había resistido durante años una batalla por conservar la casa en la que había crecido y en la que su familia había mantenido un contrato de alquiler desde mediados del siglo pasado.

La ejecución del lanzamiento no ocurrió en silencio. Vecinos y activistas intentaron frenarla desde la noche anterior, mientras la calle se llenaba de personas que entendían el caso como un símbolo de la presión inmobiliaria sobre quienes llevan toda una vida en un mismo barrio.

Tras el desahucio, Maricarmen quedó ingresada. Había un acuerdo para que pudiera regresar a su hogar cuando recibiera el alta, pero esa salida llegó demasiado tarde. La posibilidad de volver al piso quedó suspendida en el aire y terminó convertida en una promesa que ella ya no pudo ver cumplida.

La noticia de su fallecimiento cayó sobre una movilización que ya había desbordado el portal de su vivienda. La acampada de Sol, las concentraciones y las discusiones sobre los decretos de vivienda habían elevado su nombre a una dimensión nacional, aunque el punto de partida seguía siendo una sola mujer y una sola casa.

La marcha hacia el Congreso fue pacífica, con velas, pancartas y gritos de rabia. Allí, frente a una institución que días antes había rechazado medidas relacionadas con la vivienda, los asistentes volvieron a señalar a propietarios, administraciones y responsables políticos como parte de una cadena que consideran devastadora.

Esa cadena no se limita a la mañana del desalojo. Incluye años de conflicto judicial, intentos aplazados, negociaciones que no evitaron el lanzamiento y la fragilidad física de una mujer mayor que dependía de ese lugar conocido. Para sus defensores, el desenlace era evitable y por eso la palabra asesinato adquiere fuerza.

La otra realidad es que las palabras más duras nacieron en un espacio de duelo. Son el lenguaje de quienes creen que expulsar a una persona de 87 años de su hogar, aun bajo una orden legal, no puede separarse de lo que ocurrió después. Esa es la denuncia que quedó encendida en Sol.

Maricarmen se convirtió en un rostro de la crisis de la vivienda porque su historia concentraba una amenaza reconocible: la vejez, el arraigo y el miedo a perder la única puerta conocida. Su muerte multiplicó el alcance de aquella imagen y dejó una herida que ninguna consigna puede resolver por sí sola.

El caso seguirá reclamando respuestas sobre vivienda, protección de personas vulnerables y responsabilidad pública. Mientras tanto, Madrid conserva una frase nacida del duelo. No afirma una verdad judicial, pero sí revela la dimensión del daño que miles de personas creen haber presenciado demasiado tarde.