Oleiros: denuncian al alcalde por insultar a una policía tras la retirada del coche de su mujer

Una llamada por la retirada de un coche acabó abriendo una grieta mucho más profunda en Oleiros. El vehículo de la esposa del alcalde, Ángel García Seoane, fue llevado por la grúa tras estar estacionado en una zona de Mera donde no constaba una reserva individual autorizada.

El episodio ocurrió a finales de mayo, después de unos actos celebrados en la localidad. Aquella tarde no solo fue retirado ese automóvil: también se llevaron otros tres vehículos. La explicación inicial fue administrativa, pero la conversación pronto dejó de girar alrededor de una multa o de un depósito.

La esposa del regidor llamó a la Policía Local para preguntar qué había ocurrido. La agente que atendió explicó que, si el coche estaba mal estacionado, la grúa había actuado como lo había hecho con los demás. También aclaró que no tenía registrada una orden de reserva para aquel vehículo concreto.

La llamada cambió de tono cuando la mujer reveló que el coche pertenecía a la familia del alcalde. Poco después, García Seoane tomó el teléfono y exigió que le devolvieran el vehículo de inmediato. La agente insistió en que estaba en la centralita y no podía trasladarlo ni alterar por sí sola el procedimiento.

En el audio se escucha al alcalde reclamar hablar con alguien que tuviera mando y pedir que uno de los policías fuera a buscar el coche con urgencia. Al otro lado de la línea, la agente recordó que los agentes de la calle habían actuado por instrucciones de sus superiores y que ella permanecía en la oficina.

La tensión escaló cuando García Seoane dirigió insultos a la policía. La conversación recoge expresiones despectivas que la agente rechazó de inmediato, sin abandonar la explicación sobre la retirada. El golpe no quedó reducido a una discusión privada: quedó grabado y terminó por salir a la luz meses después.

En la misma grabación aparece además una advertencia sobre posibles expedientes contra agentes. La frase añade una dimensión especialmente delicada al caso, porque no procede de un ciudadano molesto, sino de la máxima autoridad municipal frente a una trabajadora que estaba cumpliendo funciones de servicio público.

Tras el enfrentamiento, la policía recibió una nueva llamada de María José Varela, teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana. La agente dejó constancia de los insultos que acababa de recibir. Finalmente, una patrulla se desplazó para recoger al alcalde y a su esposa y llevarlos hasta el lugar donde estaba el vehículo.

La agente ha presentado una denuncia por los hechos, abriendo una vía judicial que puede determinar las responsabilidades del episodio. La denuncia sitúa el audio fuera del terreno de la mera polémica política y obliga a distinguir entre la indignación pública y lo que puedan acreditar las actuaciones formales.

La difusión de la conversación provocó reacciones de la oposición en Oleiros. El Partido Popular reclamó la dimisión del alcalde y extendió su petición a la responsable de Seguridad Ciudadana. El BNG calificó de intolerable la conducta y planteó estudiar qué ocurrió con la multa, la grúa y la resolución final del incidente.

El PSOE local expresó su solidaridad con la agente y con otros trabajadores municipales, y anunció que esperará a la evolución judicial para decidir sus siguientes pasos. Las reacciones han convertido un conflicto de estacionamiento en un debate sobre el trato a quienes aplican las normas y sobre los límites del poder institucional.

García Seoane ofreció después sus primeras explicaciones públicas. Se disculpó por las circunstancias de lo ocurrido y afirmó que reconoce sus errores, pero aseguró que continuará al frente del Ayuntamiento. También sostuvo que existe una persecución contra su persona y su gestión, una interpretación que no ha frenado las críticas recibidas.

El alcalde señaló que no podía conducir porque acababa de ser operado del corazón y debía tomar medicación, y explicó que su mujer utilizó el coche para acudir a un acto de la Escola de Música de Oleiros. Ese contexto no cambia la cuestión central que deja el audio: la exigencia de un trato inmediato frente a una agente sin capacidad para concederlo.

La escena sigue pesando por una razón sencilla: una norma de estacionamiento terminó exponiendo la distancia entre quien debe obedecer una orden y quien puede sentirse con derecho a discutirla desde arriba. Ahora el caso queda marcado por la denuncia, las peticiones de dimisión y una conversación cuyo eco ya ha cruzado las puertas del ayuntamiento.