Castilla y León exige una firma «antiideológica» para las ayudas a cortometrajes
La condición ya tiene un espacio para la firma. El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León exige a quienes solicitan ayudas para cortometrajes una declaración de compromiso contra el adoctrinamiento ideológico.
Los solicitantes reciben un requerimiento de la Consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico, de Vox. Disponen de cinco días hábiles para firmarlo, contados desde el día siguiente a su recepción.
La exigencia parte de la orden del 7 de octubre de 2026. Su apartado cuarto, punto diez, impide destinar las subvenciones a actividades de adoctrinamiento, propaganda partidista o respaldo expreso a opciones políticas.
Ahora esa obligación debe aceptarse por escrito. La orden incluía la restricción sobre el destino del dinero, pero no recogía expresamente que los aspirantes tuvieran que entregar este compromiso firmado.
El documento obliga a comprometerse, si se obtiene la ayuda, a respetar la objetividad, la neutralidad institucional, el pluralismo y el interés general. La condición se extiende a las actividades financiadas.
La Consejería no concreta qué criterios permiten distinguir una mirada artística de un contenido ideologizado. Tampoco define cómo se medirá la neutralidad de una obra cuando llegue el momento de evaluarla.
Díaz Pico había señalado que técnicos de Cultura examinarían los proyectos. Sin embargo, la instrucción no identifica quién determinará si una producción incurre en los contenidos que impiden recibir fondos.
El requerimiento ha provocado temor entre profesionales del sector audiovisual por su posible efecto sobre la libertad creativa. La preocupación se concentra en que el acceso al dinero público condicione las historias.
El Ministerio de Cultura ya había anunciado que acudiría a la Justicia contra el veto ideológico. Ernest Urtasun lo denunció como un intento de censura a través de las convocatorias de apoyo a la creación cinematográfica.
La Junta sostiene una posición opuesta. En su comparecencia del 9 de noviembre ante las Cortes autonómicas, Díaz Pico defendió que su departamento protege la libertad de creación y negó que esté censurando producciones.
El consejero afirmó que las ayudas no financiarían películas que ofrecieran una visión parcial de la realidad. Presentó esa exclusión como una defensa del dinero público frente a proyectos interesados de cualquier orientación.
También rechazó que el sexo de quien dirige una película deba ser motivo para premiarla. Vinculó esa crítica al proyecto de Ley del Cine del Gobierno durante la explicación del presupuesto de su departamento para 2027.
Díaz Pico aseguró que hay ciudadanos que reclaman eliminar las subvenciones y que el cine se sostenga con sus producciones. Aun así, reconoció que el sector audiovisual de Castilla y León necesita respaldo de la Junta.
La discusión alcanza también a la Seminci. La Junta mantendrá 250.000 euros para el festival en 2027, aunque el consejero quiere revisar esa colaboración bajo exigencias de pluralidad y neutralidad. El apoyo sigue condicionado al debate sobre qué cultura se financia.
