Crisis interna por las cargas del 11N: el Gobierno cuestiona la actuación policial y los sindicatos se enfrentan a Marlaska
Las cargas del 11N han trasladado la tensión al interior del Gobierno. Este 12 de noviembre, varios ministros y dirigentes socialistas se desmarcaron de las intervenciones en Madrid, mientras Fernando Grande-Marlaska conservaba el respaldo de Pedro Sánchez.
El conflicto alcanza a quienes comparten responsabilidades en el Ejecutivo. Félix Bolaños, Óscar López, Elma Saiz y Patxi López expresaron su rechazo a las imágenes; la portavoz del Gobierno las calificó de profundamente desagradables.
Fuentes gubernamentales atribuyen a Moncloa la presión para que Interior anunciara una investigación. Ese relato sitúa el desacuerdo dentro del propio Ejecutivo, en las horas previas al arranque de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre.
Bolaños trazó un límite a las exigencias de dimisión: descartó el cese del ministro. Reconoció que algunas actuaciones no le habían gustado, pero defendió que Marlaska estuvo pendiente del trabajo de las fuerzas de seguridad durante la huelga.
La respuesta abre otra discusión sobre quién debe examinar lo sucedido. Bolaños señaló a los mandos policiales como responsables de determinar si hubo actuaciones desproporcionadas, mientras Frente Amplio y Podemos reclamaban la salida del titular de Interior.
El ministro encargó al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, investigaciones específicas sobre las intervenciones. Interior explicó que se realizarían al margen de la inspección interna habitual de las actuaciones policiales.
La orden de retirar el gas lacrimógeno de los dispositivos de manifestaciones provocó el rechazo sindical. Las organizaciones policiales entendieron que Interior desautorizaba a los agentes.
David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, reprochó a Marlaska que cuestionara a los efectivos sin conocer todos los detalles y vulnerara, a su juicio, su presunción de inocencia.
La CEP reclamó respaldo para los agentes e invocó los heridos y las detenciones del 11N. Su portavoz recordó que el cuerpo ya dispone de mecanismos para evaluar las intervenciones.
El Sindicato Unificado de Policía aceptó investigar posibles irregularidades, pero rechazó que se pusiera bajo sospecha a los agentes. Reclamó recursos para intervenir ante situaciones violentas.
El Sindicato Profesional de Policía, mayoritario entre los mandos, también protestó. Sostuvo que retirar el gas elimina una herramienta intermedia y expone a los efectivos a agresiones directas.
Jupol exigió la dimisión inmediata de Marlaska. Defendió el gas como herramienta reglamentaria para actuar a distancia, sujeta a los principios de necesidad, proporcionalidad y congruencia.
Las cifras oficiales tienen un alcance delimitado: Interior contabilizó 1.144 incidencias y 47 detenciones de Policía Nacional y Guardia Civil hasta las 23:00 del miércoles. Ese balance provisional excluía los datos de Cataluña y del País Vasco.
Bolaños subrayó que la jornada estuvo dominada por manifestaciones pacíficas en favor de la vivienda y de mejores salarios. Su defensa de la continuidad de Marlaska convivió con el encargo de investigar las cargas: el respaldo político no resolvía qué ocurrió en cada intervención.
