Francesc Augé fija el 27 de noviembre para recibir la eutanasia tras 856 días de bloqueo judicial
Francesc Augé ya ha marcado una fecha en el calendario: el 27 de noviembre. Ese día está previsto que reciba la eutanasia cuya autorización obtuvo en 2024 y que quedó atrapada durante más de dos años entre recursos, escritos y decisiones judiciales.
La fecha llega después del archivo definitivo de la causa que impedía ejecutar la prestación. El cierre del procedimiento despejó el último obstáculo para que la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña reactivara un derecho que ya había reconocido.
Augé tiene 56 años y ha contabilizado 856 días de espera desde que su solicitud recibió el aval correspondiente. Su caso convirtió el tiempo en una carga añadida: la resolución existía, pero la posibilidad de ejercerla permanecía detenida.
Las secuelas de cuatro ictus y dos infartos cambiaron su vida de forma radical. Tiene dificultades de movilidad y afasia, una alteración que complica la comunicación y que forma parte del deterioro que él ha descrito como incompatible con su voluntad de seguir viviendo.
El proceso se frenó cuando su padre recurrió la eutanasia ante los tribunales. Aquella oposición abrió un recorrido que pasó por distintas instancias y terminó situando el caso ante el Tribunal Supremo, lejos de la intimidad en la que empezó.
El alto tribunal avaló que familiares con una vinculación especialmente estrecha puedan acudir a la vía judicial para impugnar una autorización. Esa decisión fijó una doctrina relevante, pero también devolvió el conflicto al juzgado de origen y alargó la espera de Augé.
El desenlace cambió cuando el padre renunció a continuar litigando. La retirada de esa oposición permitió que todas las partes dejaran de sostener el procedimiento y que el juzgado de lo contencioso número 5 de Barcelona ordenara su archivo.
La resolución judicial no fue un gesto abstracto para Augé. Significó recuperar la posibilidad de decidir sobre un final que ya había sido validado, después de meses en los que cada demora prolongó un sufrimiento físico y emocional que él había hecho público.
El pasado septiembre intentó suicidarse y tuvo que ser atendido de urgencia. Ese episodio agravó la dimensión humana de una espera que no se reducía a expedientes, plazos o recursos: era la vida de un hombre que decía sentirse forzado a continuar.
Tras ese intento, su entorno familiar modificó su posición y dejó de combatir la decisión. El desistimiento formal abrió la salida jurídica que faltaba, aunque no borra los más de dos años que transcurrieron desde la autorización inicial.
Augé quería que el final coincidiera con las elecciones generales del 29 de noviembre, pero la prestación no puede realizarse en domingo. Por eso escogió el viernes 27, la fecha más cercana que encontró para convertir en realidad una decisión largamente aplazada.
El caso revela una tensión difícil entre las garantías judiciales y la rapidez que exige una decisión personal vinculada al sufrimiento. Cuando el procedimiento se prolonga, el debate sobre derechos deja de ser teórico y se mide en días que pesan sobre quien espera.
La historia de Augé discurrió en paralelo a otros litigios sobre muerte asistida y dejó una pregunta incómoda: cómo proteger la revisión de una decisión sin que esa revisión vacíe de sentido el derecho reconocido a la persona que la solicita.
El 27 de noviembre no cerrará solo un expediente judicial. Será el final de un camino atravesado por enfermedad, oposición familiar y desesperación, y la fecha elegida por Francesc Augé para recuperar una decisión que consideraba exclusivamente suya.
