Frente Amplio propone luz gratis, familia elegida y más derechos de cuidados

La factura de la luz, una enfermedad o el agotamiento de quien cuida atraviesan el programa que Frente Amplio presentó este lunes, 16 de noviembre. La candidatura de Ada Colau plantea tres horas diarias de electricidad gratuita y nuevos derechos sociales para las elecciones del 29-N. Son compromisos electorales, pendientes de convertirse en medidas efectivas.
La propuesta eléctrica situaría esas tres horas gratuitas en las franjas de mayor producción solar y alcanzaría a los hogares con placas y sin ellas. El planteamiento busca extender el beneficio de las renovables más allá de quienes pueden instalar paneles en su propia vivienda.
El cambio energético también incluiría recuperar el control público de las redes eléctricas y crear una comercializadora pública. La gratuidad de una franja diaria aparece así dentro de una intervención más amplia sobre el suministro, acompañada de un impulso a las energías renovables.
El programa incorpora además un fondo generacional de la energía, inspirado en el modelo noruego, para destinar ingresos de las renovables a vivienda pública, rehabilitación y pensiones. La propuesta conecta la transformación del sistema eléctrico con la financiación de necesidades sociales.
En los cuidados, Frente Amplio retoma el reconocimiento de la familia elegida. La libre designación de vínculos afectivos permitiría que personas sin parentesco biológico tuvieran derechos vinculados a enfermedad, hospitalización, fallecimiento y atención a quienes necesitan ayuda.
El reconocimiento alcanzaría también al acompañamiento y la crianza de menores. La formación quiere incorporar esa ampliación a la Ley de Familias: el vínculo de cuidado elegido tendría efectos concretos en los permisos, en lugar de quedar reducido a una relación sin reconocimiento para esos fines.
Para quienes sostienen a diario la atención de una persona dependiente, el documento plantea un derecho al respiro de al menos un mes al año. El descanso se apoyaría en centros de día o estancias temporales, con una financiación repartida a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas.
La crianza ocupa otro espacio del programa con una prestación universal de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años a cargo. El texto también propone permitir el adelanto de su inicio hasta doce meses durante la búsqueda del embarazo, con el objetivo declarado de mejorar la solvencia material.
En sanidad, la candidatura propone revertir progresivamente servicios privatizados y hacer excepcionales los modelos de gestión indirecta. La ampliación de la atención pública incluiría la salud bucodental, visual, auditiva y mental, junto con una garantía de atención para residentes con independencia de su situación administrativa.
La salud mental tiene una propuesta específica: un permiso para acompañar a pacientes en riesgo de suicidio, dirigido a familiares y personas de su entorno cercano. El programa añade la inclusión de audífonos para quienes los necesiten y la atención a la menopausia como derecho.
En la protección de menores, la formación plantea suspender cautelarmente las visitas, estancias y comunicaciones del progenitor investigado por violencia machista, violencia vicaria, delitos contra la libertad sexual o violencia grave a menores. La suspensión se mantendría mientras existiera riesgo.
La escuela pública recibiría otras dos medidas: comedores gratuitos para Infantil y Primaria y una reducción de estudiantes por aula. El documento fija máximos de quince en Primaria y Formación Profesional, veinte en Secundaria y veintitrés en Bachillerato, dentro de una apuesta por aumentar la inversión educativa.
La ciencia aparece con el objetivo de alcanzar en 2030 una inversión en investigación, desarrollo e innovación equivalente al 3% del PIB. El compromiso supondría duplicar la proporción actual señalada en la presentación del programa y sitúa la financiación científica entre sus apuestas presupuestarias.
El catálogo reúne alivio en el recibo eléctrico, descanso para cuidadores y una ampliación de servicios públicos. Ninguna de esas promesas equivale por sí sola a un derecho ya disponible: su aplicación exigiría decisiones posteriores, recursos y acuerdos. Lo presentado este lunes es la propuesta con la que Frente Amplio pide el voto el 29 de noviembre.






