Marlaska ordena no usar gas lacrimógeno en manifestaciones e investigar las cargas del 11N
Las cargas de la huelga general del 11 de noviembre han dejado una orden para los próximos dispositivos policiales. Este jueves, Fernando Grande-Marlaska ha dispuesto que la Policía Nacional no vuelva a utilizar gas lacrimógeno en el control de manifestaciones, después de las intervenciones cuestionadas durante la jornada.
El ministro del Interior también ha instado al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, a abrir investigaciones específicas sobre las incidencias registradas durante la huelga. La respuesta anunciada obliga a examinar actuaciones concretas, cuando todavía siguen abiertas las preguntas sobre el uso de la fuerza.
Esas investigaciones se desarrollarán con independencia de la inspección interna habitual con la que la Policía Nacional revisa si sus intervenciones se ajustan a las normas vigentes. Interior ha comunicado ambas vías de revisión; el anuncio de las pesquisas todavía no determina responsabilidades individuales ni acredita por sí mismo una infracción.
En Madrid, el Sindicato de Inquilinas sostiene que la marcha no pudo completar el recorrido previsto hasta la plaza de España por el dispositivo policial desplegado en la Gran Vía. Sus organizadores explican que decidieron desconvocarla ante la tensión y denuncian que después se cargó contra participantes que se manifestaban pacíficamente.
Entre los testimonios de aquella noche está el de Marina, una psicóloga de 34 años que relata que un bote de gas cayó a sus pies. Describe dificultades para respirar y para correr entre la multitud, hasta encontrar alivio en una bocacalle. Su relato forma parte de las denuncias sobre lo sucedido durante el desalojo.
Las críticas también han llegado desde las organizaciones sindicales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anunciado una demanda penal por el empleo de gas pimienta contra manifestantes a los que describe como pacíficos. Se trata de una denuncia sindical sobre las intervenciones, pendiente de las comprobaciones correspondientes.
Interior ha difundido un balance provisional de 1.144 incidencias relacionadas con la huelga hasta las 23:00 del miércoles. En ese mismo corte, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían practicado 47 detenciones. Las cifras corresponden a esos dos cuerpos y a esa hora, una precisión necesaria para interpretar su alcance.
Madrid concentraba 20 de esas detenciones y Valencia, seis. Málaga y Almería registraban cuatro cada una; Granada y Castellón, tres por ciudad, y Zamora, dos. El reparto comunicado por Interior incluía además una detención en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y A Coruña.
El balance de Interior no incorporaba los datos de Cataluña ni del País Vasco. Por tanto, esas 47 detenciones no describen el total de todas las policías que intervinieron en España durante la huelga. Tampoco constituyen una cifra definitiva: el propio departamento las presentó como provisionales.
La crisis ha alcanzado al Gobierno, pero Félix Bolaños ha descartado el cese del ministro del Interior. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reconocido que algunas imágenes de las actuaciones policiales no le habían gustado, mientras defendía la continuidad de Grande-Marlaska.
Bolaños ha situado en los mandos policiales la responsabilidad de determinar si alguna intervención implicó un uso desproporcionado de la fuerza. También ha defendido que Marlaska estuvo pendiente del trabajo de las fuerzas de seguridad durante la huelga, frente a las peticiones de cese de Frente Amplio y Podemos.
El ministro de Presidencia ha descrito las manifestaciones pacíficas y cívicas como la nota predominante de la jornada. Ha destacado la salida a las calles de decenas de miles de personas para reclamar el derecho a la vivienda y salarios que permitan vivir mejor, las reivindicaciones que quedaron atravesadas por la polémica policial.
La orden de retirar el gas lacrimógeno ha provocado, a su vez, el rechazo de sindicatos policiales. David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, acusa al ministro de poner en duda a los agentes antes de conocer todos los hechos y de vulnerar su presunción de inocencia. Es la posición de esa organización ante la investigación.
El Sindicato Unificado de Policía reclama respaldo y herramientas suficientes para intervenir ante situaciones violentas, aunque acepta que se investiguen posibles irregularidades. El Sindicato Profesional de Policía también rechaza la retirada del gas por considerar que deja a los agentes sin una alternativa intermedia eficaz. Las pesquisas anunciadas deberán aclarar las actuaciones cuestionadas del 11N.
