Gran Canaria: la aguja que siguió dentro cuando la operación ya había terminado
La intervención terminó el 19 de agosto de 2025, pero para esta mujer el quirófano no se cerró aquel día. Según la querella presentada en Las Palmas de Gran Canaria, salió de una operación ginecológica con un fragmento de aguja de sutura alojado en la pelvis y no lo supo de inmediato.
El procedimiento se realizó en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria. Dos días después, el 21 de agosto, la paciente recibió el alta, aunque ahora sostiene que el cuerpo extraño seguía dentro de su organismo cuando abandonó el centro.
La denuncia describe una secuencia que fue creciendo con el dolor, la incertidumbre y la sospecha de que algo no encajaba. Lo que en principio era una recuperación posoperatoria acabó convirtiéndose, según su versión, en una carrera para demostrar que el daño seguía allí, oculto bajo informes, revisiones y esperas.
El 16 de septiembre de 2025, una radiografía practicada en el Hospital Vithas Las Palmas detectó un cuerpo metálico intrapélvico compatible con una aguja quirúrgica. Ese hallazgo, siempre según la documentación citada en la querella, también fue respaldado después por una ecografía.
La mujer afirma que arrastró durante semanas un fragmento metálico en el interior de la pelvis. No se trata solo de una imagen clínica: la querella convierte ese hallazgo en el núcleo de una acusación por presuntas lesiones por imprudencia profesional y por una supuesta manipulación documental que ahora queda bajo examen judicial.
Entre los profesionales señalados figuran una ginecóloga y un médico de Atención Primaria. La acción penal pide investigar la asistencia sanitaria recibida, la trazabilidad de la historia clínica electrónica y las actuaciones desarrolladas desde el alta hasta la extracción del objeto.
Uno de los pasajes más delicados del relato apunta a una visita a Urgencias del Materno Infantil el 6 de septiembre de 2025 por un episodio de sangrado vaginal. La paciente sostiene que esa atención existió y que después su reflejo documental no habría quedado recogido de la manera que esperaba, un extremo que deberá ser aclarado.
La querella también subraya que el Servicio Canario de la Salud habría programado la retirada del fragmento para el 8 de octubre de 2025. Sin embargo, aquella intervención no llegó a ejecutarse entonces, presuntamente por la baja médica de la facultativa encargada y por la falta de una sustitución inmediata del equipo.
Con el tiempo ya convertido en un enemigo visible, la paciente decidió acudir a la sanidad privada. Fue allí donde, el 17 de octubre de 2025, un equipo médico le extrajo la aguja mediante una laparoscopia, cerrando físicamente una pesadilla que, en el plano judicial, apenas empezaba.
El caso no se limita a la posible negligencia en el quirófano. La denunciante reclama además que se audite de forma completa su historia clínica electrónica para saber qué profesionales accedieron a ella, si hubo modificaciones y si algún dato fue alterado o eliminado durante el proceso.
En ese mismo frente aparece la figura del médico de Atención Primaria mencionado en la querella. La paciente le atribuye gestiones, contactos y movimientos dentro del circuito asistencial que considera irregulares, incluida una supuesta presencia en áreas internas del hospital pese a no prestar servicio en ese centro, algo que también pide esclarecer.
Fuera del juzgado, la denuncia abre otra herida igual de pesada: la de la confianza rota. Cuando una paciente cree que salió del hospital con un fragmento de instrumental dentro del cuerpo y que después tuvo que buscar ayuda por su cuenta, el miedo ya no se queda en una prueba médica; se instala en cada revisión, en cada informe y en cada silencio.
Además de la querella penal, la mujer ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Canario de la Salud. En ella solicita una posible indemnización por los daños físicos, psicológicos y económicos que asegura haber sufrido durante aquellos casi dos meses.
También ha pedido medidas para limitar accesos a su historial y evitar nuevas coincidencias con los profesionales implicados, además de una reclamación deontológica ante el Colegio de Médicos de Las Palmas. La aguja ya fue extraída, pero la sombra de lo ocurrido sigue clavada en otro lugar: el de una investigación que ahora deberá determinar qué pasó realmente.
