Granada juzga la sombra de una pensión cobrada durante 22 años tras una muerte silenciada
En Granada está a punto de sentarse en el banquillo un hombre acusado de convertir la muerte de su madre en una fuente de dinero que, presuntamente, se prolongó durante más de dos décadas.
La acusación sostiene que la mujer falleció en marzo de 1996, pero que ese hecho nunca fue comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social para cortar el pago de su pensión de viudedad.
A partir de ahí, el caso dibuja una mecánica fría: el abono mensual siguió entrando mientras el hijo, ahora de unos 60 años, habría desviado el cobro a una cuenta en la que figuraba como cotitular.
La cifra que recoge el procedimiento impresiona por su volumen y por su duración: 210.210 euros acumulados entre 1996 y diciembre de 2018, siempre bajo la sospecha de un fraude continuado.
La Fiscalía atribuye esos hechos a un delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social, una acusación que no se limita al dinero sino al modo persistente en que, supuestamente, se mantuvo la ocultación.
Por eso solicita una pena de cinco años de prisión, además de una multa de 350.000 euros y la prohibición de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante siete años.
El escrito también reclama que el acusado indemnice a la administración pública con 168.927 euros, una cantidad ligada al daño económico que, según la acusación, soportó el sistema durante todos esos años.
En el fondo del asunto aparece también la entidad bancaria donde estaba domiciliada la prestación, porque el procedimiento recoge que tampoco se comunicó el fallecimiento ni se activaron los controles de vivencia oportunos.
Ese extremo ha colocado al banco en la posición de posible responsable civil subsidiario, al menos en lo relativo a la indemnización que pudiera fijarse si la Audiencia Provincial dicta condena.
La propia documentación del caso señala además que la entidad ya reintegró 41.282 euros, correspondientes a los cuatro últimos años de la pensión abonada indebidamente.
La vista está señalada para el 5 de agosto en la Audiencia de Granada, donde se examinará si la omisión de una muerte terminó convertida en una maquinaria silenciosa de cobros durante veintidós años.
Más allá de la escena judicial, el caso golpea una de las zonas más sensibles del sistema: la confianza en que una prestación pensada para proteger a una viuda no pueda seguir viva sobre el papel cuando su titular ya no existe.
También deja al descubierto cómo una irregularidad sostenida en el tiempo puede crecer mes a mes hasta transformarse en una suma enorme, casi invisible al principio y devastadora cuando por fin aflora entera.
Ahora todo quedará reducido a una pregunta brutal ante el tribunal: si aquel ingreso mensual que sobrevivió a la muerte fue un simple fallo encadenado o una apropiación deliberada mantenida durante 22 años.
