Zamora: investigan a la abuela que tenía la custodia de la bebé muerta en Toro y debía vigilar la visita

La muerte de una bebé de tres meses en Toro ha abierto una grieta todavía más oscura en la investigación judicial: la abuela materna, que tenía la custodia de la menor, ha pasado a figurar como tercera persona investigada en un caso que ya mantiene bajo sospecha a los padres.

El nuevo foco no nace de un matiz menor, sino del punto exacto donde falló la protección que debía rodear a la niña. La custodia había sido retirada a los progenitores y entregada a la abuela, que además tenía la obligación de supervisar las visitas para preservar la integridad de la pequeña.

Ese deber de vigilancia se ha convertido ahora en una pieza central del procedimiento. La jueza la ha llamado a declarar porque durante la franja de horas en la que se produjo la muerte la menor estaba en un contexto que, en teoría, debía estar controlado por una medida judicial previa.

La bebé murió en el domicilio familiar entre la medianoche y las dos de la madrugada, según la reconstrucción inicial del caso. En ese mismo margen temporal, varios testimonios situaron a los padres fuera de casa, en la calle y en zonas de ocio, mientras la niña no estaba con ellos.

La autopsia preliminar añadió después un dato que endureció por completo el escenario. El informe apuntó a un edema pulmonar agudo derivado de una asfixia o de una intoxicación, una conclusión todavía provisional, pero lo bastante grave como para estrechar el cerco sobre todos los adultos responsables.

Los padres, ambos muy jóvenes, ya habían sido detenidos y después puestos en libertad con cargos por un presunto homicidio imprudente. Sobre ellos pesan además medidas cautelares mientras continúan las diligencias y se esperan los análisis que deben concretar qué desencadenó la muerte de la bebé.

La investigación no examina solo lo ocurrido dentro de la casa, sino también el sistema de protección que existía alrededor de la menor. Si la custodia estaba en manos de la abuela y la presencia de los padres exigía supervisión, cada ausencia y cada minuto sin control adquieren ahora un peso decisivo.

Esa es la razón por la que esta nueva derivada judicial no se reduce a ampliar la lista de nombres bajo sospecha. Lo que se intenta esclarecer es si la cadena de responsabilidades que debía blindar a la niña se rompió justo en el eslabón que la Justicia había colocado como garantía.

El trasfondo del caso también explica por qué la supervisión era considerada imprescindible. Los progenitores se encontraban en tratamiento de desintoxicación por adicciones, una circunstancia que ya había llevado a los servicios de protección a apartarlos de la custodia directa de su hija.

Ahora, con la abuela investigada, el caso entra en una fase más incómoda y más áspera. Ya no se trata únicamente de determinar qué hicieron o dejaron de hacer los padres, sino de averiguar cómo pudo morir la bebé dentro de un marco que había sido intervenido precisamente para evitar un desenlace así.

Los primeros movimientos judiciales habían dibujado una investigación centrada en la noche de la muerte y en la versión ofrecida por el entorno familiar. Este nuevo paso desplaza la mirada hacia una obligación previa: quién debía estar presente, quién debía vigilar y quién permitió que la protección quedara vacía.

Todavía quedan interrogantes esenciales sin respuesta cerrada. Falta conocer el resultado definitivo de la autopsia, los análisis toxicológicos y la secuencia completa de aquella madrugada, pero el procedimiento ya refleja con claridad que el juzgado no considera irrelevante el papel de la persona custodio.

En Toro, donde el caso ha causado una fuerte conmoción, la imagen que queda es la de una niña rodeada de adultos y, sin embargo, sin defensa suficiente en las horas más decisivas. Esa contradicción es la que sostiene ahora una investigación que se vuelve cada vez más severa y más amplia.

La entrada de la abuela materna como tercera investigada convierte este avance en algo más que una actualización procesal. Señala que la Justicia ha empezado a revisar no solo la muerte de la bebé, sino también el fracaso de la tutela que debía impedir que la noche acabara convertida en tragedia.