Ibi: los padres de Marta Pérez rechazan los 100.000 euros de indemnización

La sentencia ha abierto una nueva herida en la familia de Marta Pérez. Sus padres han rechazado públicamente los 100.000 euros fijados como indemnización tras la atención sanitaria que recibió su hija, convencidos de que esa cifra no alcanza a reflejar el daño que arrastra desde 2022.

Marta era una joven de Ibi, en Alicante, cuando un batido de proteínas con pistacho desencadenó una reacción alérgica devastadora. Había preguntado por sus ingredientes porque conocía su alergia, pero aquella tarde acabó convertida en el inicio de una vida marcada por el daño cerebral.

El 28 de septiembre de 2022, después de entrenar en un gimnasio, comenzó a encontrarse mal y acudió al Centro de Salud Integrado Ibi II. Allí explicó que había tomado algo que le provocaba alergia, pero la primera atención no detectó la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

Tras esa primera asistencia fue enviada a casa. Poco después regresó en una situación crítica y sufrió una parada cardiorrespiratoria. La falta de oxígeno dejó secuelas irreversibles y la joven pasó tres meses ingresada en una unidad de cuidados intensivos antes de afrontar una rehabilitación prolongada.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha considerado deficitaria aquella asistencia y ha apreciado una pérdida de oportunidad de mejoría. Sin embargo, el fallo no atribuye a la Administración la totalidad del daño sufrido y limita la compensación a 100.000 euros.

La familia había reclamado 4,1 millones de euros. La distancia entre esa petición y la cifra concedida explica el choque que ahora verbalizan sus padres, que no presentan el debate como una disputa económica, sino como la necesidad de garantizar la atención que Marta necesita cada día.

Juan y María han difundido su rechazo después de conocer la resolución. Describen la cuantía como una vergüenza y aseguran que no piensan rendirse. El mensaje llega mientras la rutina de la familia continúa organizada alrededor de terapias, cuidados y desplazamientos para mantener la rehabilitación.

La resolución judicial reconoce que hubo margen para una actuación distinta, aunque no da por probado que una respuesta médica diferente hubiera evitado todas las secuelas. Esa diferencia jurídica sostiene la indemnización por pérdida de oportunidad y, al mismo tiempo, deja intacta buena parte del dolor familiar.

El caso obliga a mirar de nuevo la primera consulta. Marta comunicó que sufría una reacción alérgica, pero la exploración fue considerada insuficiente y la documentación asistencial presentó carencias. La gravedad apareció después, cuando ya se había perdido un tiempo que su familia considera decisivo.

Antes de aquel episodio, Marta había sufrido otros shocks anafilácticos y había evolucionado favorablemente tras ser atendida. Por eso, sus padres sostienen que la reacción inicial debía haber activado una vigilancia más intensa y que el desenlace no puede separarse de las decisiones tomadas en las primeras horas.

Desde entonces, la familia ha peleado para que la rehabilitación no se interrumpa. El proceso ha incluido reclamaciones para lograr terapias continuadas y una atención cercana a su domicilio. Cada avance depende de una constancia que sus padres describen como una batalla cotidiana, lejos de cualquier cierre real.

El fallo reconoce una reparación parcial, pero no clausura el conflicto. Los padres pueden seguir defendiendo sus intereses por las vías que consideren oportunas y han dejado claro que mantendrán la presión para que la situación de Marta no quede reducida a una compensación que juzgan insuficiente.

La cifra de 100.000 euros concentra ahora el debate público, pero detrás permanece una joven cuya vida cambió en cuestión de minutos. La sentencia ha fijado un límite jurídico a la responsabilidad, mientras la familia mide el daño en terapias, dependencia y años de cuidados que todavía no terminan.

Cuatro años después del batido, la batalla judicial ha dado un paso y la batalla familiar continúa. Para los padres de Marta, el reconocimiento de un fallo sanitario no basta si no se traduce en recursos capaces de sostener su recuperación y en una respuesta que tenga la dimensión de lo ocurrido.