Interior se disculpa por el dosier sobre periodistas mientras el Gobierno se desvincula y el PSOE exige explicaciones
La aparición de un dosier interno con fichas de periodistas y tertulianos ha abierto una grieta incómoda en el Ministerio del Interior. El documento reúne nombres, fotografías y comentarios sobre supuestas posiciones políticas de decenas de profesionales en activo.
El departamento ha reconocido la existencia de ese material, elaborado por su Oficina de Comunicación, pero sostiene que se trataba de una herramienta interna de carácter informativo. La explicación oficial insiste en que no condicionó el trato dispensado a ninguna persona incluida.
La controversia no nace de un simple seguimiento de actualidad. Las fichas incorporaban apreciaciones sobre afinidades partidistas, críticas al Gobierno, posiciones ideológicas y opiniones ajenas a las competencias propias de Interior, una frontera especialmente sensible.
Entre las etiquetas atribuidas a los perfiles aparecían referencias a apoyos al Ejecutivo, tendencias conservadoras, militancia socialista, posiciones de derechas o críticas a la amnistía. La suma de foto, nombre y juicio político convirtió el archivo en algo más que una agenda de contactos.
El Gobierno ha optado por marcar distancia respecto al contenido y se ha remitido a las explicaciones del ministerio. Desde el Ejecutivo se defiende el respeto a la libertad de información y se niega que el objetivo del documento fuera señalar, censurar o acusar.
La reacción más incómoda llegó también desde el PSOE. Su portavoz parlamentario, Patxi López, dejó claro que no le gusta ninguna lista que clasifique a personas por pensamiento, ideología, raza o cualquier otra condición, y reclamó explicaciones a Interior.
Fernando Grande-Marlaska ha defendido que el dosier era un documento de trabajo destinado a conocer lo que se dice sobre la actividad del ministerio. El ministro negó que tuviera una finalidad espuria y afirmó que no perseguía otro objetivo distinto de mejorar la comunicación.
Con el paso de las horas, Interior elevó el tono de su respuesta y pidió disculpas a los profesionales que pudieran haberse sentido ofendidos por el contenido o por algunas valoraciones. El gesto no elimina la inquietud sobre por qué se elaboraron perfiles tan detallados.
La versión ministerial sitúa la elaboración del archivo en febrero de 2024 y le atribuye una finalidad consultiva. Asegura además que no buscaba imponer restricciones al ejercicio del periodismo ni establecer diferencias en el acceso a la información institucional.
El problema se concentra en el poder de una clasificación construida desde una institución pública. Cuando una oficina capaz de gestionar respuestas, acreditaciones y contactos coloca etiquetas ideológicas sobre quienes la fiscalizan, la sospecha de trato desigual aparece incluso sin una orden explícita.
Las asociaciones profesionales han condenado el documento y han advertido de que catalogar ideológicamente a informadores puede afectar al derecho a informar. Su posición subraya que el seguimiento de opiniones personales puede generar una presión silenciosa sobre el trabajo crítico.
La polémica alcanza a profesionales de perfiles diversos, desde directores y columnistas hasta especialistas en áreas alejadas de la seguridad. Ese alcance amplía la dimensión del caso: no se trata solo de controlar una relación diaria, sino de dibujar un mapa político de voces públicas.
La defensa de que todo quedó en un archivo interno choca con la naturaleza de las anotaciones conocidas. Un documento puede no haber producido una decisión visible y, aun así, revelar una forma de mirar a quienes informan que despierta dudas profundas.
Ahora queda por aclarar quién ordenó el trabajo, cómo circuló dentro de Interior y qué controles existieron sobre su contenido. La disculpa institucional intenta cerrar el episodio, pero la exigencia de explicaciones ya ha trasladado el caso al terreno político y democrático.
