Sáhara Occidental: el Congreso encara una votación que puede devolver la nacionalidad española
El Congreso afronta este 10 de septiembre una votación cargada de historia y de espera. La proposición de ley plantea conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a las personas saharauis nacidas bajo administración española y a sus descendientes directos.
El texto fija como referencia a quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. La fecha no es un detalle menor: marca el cierre de un plazo que, tras la salida española del territorio, dejó a gran parte de aquella población sin una vía efectiva para conservar ese vínculo.
La iniciativa llega al Pleno después de superar los trabajos de la Comisión de Justicia. Allí quedó definido que no sería imprescindible residir legalmente en España para solicitar la medida, una condición decisiva para familias repartidas entre el territorio, los campamentos de Tinduf y la diáspora europea.
Durante décadas, la pertenencia administrativa a España quedó suspendida entre documentos antiguos, desplazamientos y una situación territorial sin resolver. Para quienes aguardan esta ley, la nacionalidad no se presenta solo como un pasaporte: implica recuperar una relación jurídica que sienten arrebatada por la historia.
La propuesta prevé acreditar la condición de saharaui con documentos diversos valorados en conjunto. Entre ellos figuran el DNI español, certificados de nacimiento, libros de familia, inscripciones censales y otros papeles emitidos por administraciones españolas que reflejen el nacimiento en la antigua colonia.
También pueden servir certificados de escolarización, permisos de conducir, documentos de hospitalización o justificantes de pensión. El abanico intenta responder a una realidad marcada por archivos dispersos, exilios prolongados y familias que perdieron parte de su documentación durante décadas de incertidumbre.
El debate se celebra en un momento especialmente sensible en las relaciones entre España y Marruecos, con la crisis migratoria de Ceuta como telón de fondo. La norma no altera por sí sola el estatus internacional del Sáhara Occidental, pero reconoce una identidad vinculada a la administración española del pasado.
La expectativa alcanza a decenas de miles de personas y a sus descendientes. Las estimaciones sobre el posible número de beneficiarios varían según el criterio empleado, pero la dimensión humana de la medida se extiende mucho más allá de quienes conservan todavía un documento español en sus manos.
La vía elegida es la carta de naturaleza, reservada para circunstancias excepcionales. Con ella se evita tratar el caso como una solicitud ordinaria de extranjería y se asume que existe un marco histórico singular, atravesado por la descolonización inconclusa y la pérdida práctica de una opción anterior.
En 1976 se abrió un plazo limitado para optar a la nacionalidad española, pero el contexto político y militar del territorio hizo que muy pocas personas pudieran utilizarlo. La nueva ley busca corregir esa barrera mediante un procedimiento adaptado a pruebas documentales que antes no bastaban o no estaban disponibles.
El recorrido parlamentario ha concentrado apoyos y reservas de distintos grupos. El resultado de la votación definirá el paso inmediato de una iniciativa que ha permanecido años en discusión y que ahora se examina bajo la presión de una memoria colectiva que no acepta quedar reducida a un expediente olvidado.
La ley, si culmina su tramitación, no resolverá el conflicto del Sáhara Occidental ni las condiciones de quienes viven bajo ocupación, en el exilio o en campos de refugiados. Sí puede abrir un derecho individual concreto para quienes acrediten que su nacimiento y su historia quedaron ligados a España.
La votación convierte el hemiciclo en un lugar donde se cruzan papeles administrativos y heridas de medio siglo. Cada certificado recuperado, cada inscripción antigua y cada relato familiar adquieren un peso nuevo ante la posibilidad de que la ley reconozca una continuidad que el tiempo parecía haber roto.
Para las familias saharauis, la jornada no es el final de un camino sino la puerta de un proceso que exigirá solicitudes, pruebas y respuestas administrativas. Pero el gesto legislativo puede romper una espera que ha pasado de generación en generación, dejando por fin una huella jurídica donde antes solo había ausencia.
