Vitoria-Gasteiz: desalojan a una familia con dos menores tras catorce años de alquiler
La mañana terminó con una puerta cerrada en la calle Nueva Fuera, en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Una familia formada por dos adultos y dos menores de 8 y 10 años fue desalojada de la vivienda en la que había vivido durante catorce años de alquiler.
El procedimiento llegaba después de una larga sucesión de aplazamientos. La fecha inicial fijada para este año había sido el 9 de julio, pero se suspendió tras presentarse un nuevo informe sobre la situación de la familia. El lanzamiento quedó señalado de nuevo para el 25 de septiembre.
Desde primera hora, el entorno de Nueva Fuera 28 amaneció marcado por la presencia de un dispositivo de la Ertzaintza y por la concentración convocada ante el portal. La movilización no logró frenar la ejecución y la familia acabó fuera de la vivienda durante la jornada.
En el piso vivían los dos niños, alumnos del colegio Ramón Bajo, junto a sus padres. Su edad convirtió el desalojo en el punto más sensible de una historia que llevaba años atravesada por la incertidumbre residencial y por la búsqueda de una salida estable.
El conflicto se remonta a 2021, cuando la familia pidió poder abonar determinados gastos mediante transferencia bancaria para que quedara constancia de los pagos. Esa fórmula no fue aceptada por la propiedad y, en enero de 2022, llegó la orden de desahucio.
Desde entonces, la ejecución no había seguido una línea recta. Cada aplazamiento dejaba la amenaza suspendida sobre la casa y obligaba a la familia a convivir con una fecha que podía cambiar, pero nunca desaparecía del todo. El último intento ya no se detuvo.
La vivienda estaba en una zona histórica de la ciudad, pero el peso del caso no estaba en la piedra de sus calles. Estaba en la rutina rota de una familia que debía abandonar el lugar donde había construido su vida cotidiana, con dos menores en plena edad escolar.
La protesta reclamaba una alternativa habitacional antes del lanzamiento. La preocupación se concentraba en qué ocurriría al terminar la mañana: dónde podría instalarse la familia y cómo se evitaría que el desalojo abriera una situación de mayor precariedad para los niños.
El caso también deja al descubierto la distancia entre un procedimiento judicial y sus consecuencias inmediatas. Una orden puede tener una fecha concreta y una ejecución reglada, pero el efecto real empieza después, cuando una familia tiene que resolver de golpe techo, pertenencias y continuidad.
Durante catorce años, la vivienda de Nueva Fuera fue el centro de la vida de cuatro personas. El desahucio no borra ese tiempo, pero sí corta de forma abrupta el vínculo con el lugar y concentra en unas horas un conflicto que venía acumulándose desde hacía varios años.
Los menores tenían 8 y 10 años cuando se ejecutó el lanzamiento. Esa circunstancia atravesó todas las peticiones de suspensión y la movilización vecinal, porque el cambio de domicilio no es un detalle administrativo cuando afecta a niños con colegio, amistades y rutinas ya establecidas.
La concentración frente al edificio mostró que el caso había dejado de ser una disputa encerrada entre cuatro paredes. Vecinos y colectivos acudieron para intentar evitar el desenlace, aunque el operativo desplegado en la zona acabó imponiendo el cumplimiento de la orden prevista.
La ejecución del desahucio supone un desarrollo distinto de la alerta lanzada los días anteriores. Ya no se trataba de una fecha pendiente ni de una convocatoria para impedirla, sino del momento en que la amenaza se hizo efectiva y dejó a la familia ante una nueva urgencia.
Cuando se retiró la concentración, quedó la imagen más dura de esta historia: dos menores y sus padres fuera de la casa que habían ocupado durante años. El desalojo cierra una etapa en Nueva Fuera, pero abre una pregunta que seguía sin respuesta al terminar la jornada: dónde podrán recomponer su vida.
