Juan Carlos Peinado se jubila tras enviar a juicio a Begoña Gómez
Juan Carlos Peinado deja este 25 de septiembre el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde ha desarrollado la última etapa de su carrera. Su salida llega al cumplir 72 años, la edad máxima que marca el final de su permanencia en la carrera judicial.
La retirada se produce apenas cuatro días después de que dictara el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. La resolución convierte el final de su trayectoria en un punto decisivo para una causa seguida con enorme atención política.
El procedimiento seguirá ante un tribunal del jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación que el instructor atribuye a Gómez. Álvarez afrontará el proceso por el segundo de esos delitos, ligado al uso de recursos públicos en actividades ajenas a su puesto.
Con la apertura de juicio, la causa abandona la fase de instrucción que Peinado ha dirigido durante cerca de dos años y medio. Ahora corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid recibir las actuaciones y encauzar los pasos necesarios para la futura vista oral.
El auto no impone nuevas medidas cautelares a las acusadas, aunque establece que deberán mantenerse a disposición del juzgado y del tribunal competente. También deberán comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero cuando sean requeridas por la justicia.
La resolución ordena además recabar información sobre la capacidad económica de Begoña Gómez a través de sus últimas declaraciones de la renta. Esa diligencia se vincula a las posibles responsabilidades económicas que puedan derivarse del proceso y a las reclamaciones civiles planteadas.
Una parte central de la investigación gira en torno a la cátedra extraordinaria codirigida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y al desarrollo de un programa informático asociado. El perjuicio reclamado por la institución universitaria asciende a 113.509 euros.
Peinado considera que existen indicios sobre un aprovechamiento de la posición relacional de Gómez para impulsar proyectos vinculados a aquella actividad académica. La defensa y la Fiscalía sostienen la posición contraria y han reclamado que la causa no llegue a juicio.
La Audiencia Provincial había delimitado previamente el alcance de la investigación, apartando dos delitos y dejando fuera a un empresario que figuraba en fases anteriores. A la vez, avaló que el procedimiento continuara por la vía del tribunal del jurado respecto de los hechos restantes.
Durante estos años, la instrucción ha acumulado recursos, decisiones controvertidas y correcciones de órganos superiores. También ha situado a Peinado en el centro de un debate público intenso, alimentado por la relevancia institucional de las personas implicadas en el caso.
El magistrado llegó a esta última semana con el calendario marcado por su jubilación forzosa del 27 de septiembre. La decisión de abrir juicio antes de abandonar el cargo cierra su intervención directa en el asunto y entrega el siguiente tramo a otro escenario judicial.
El Juzgado de Instrucción 41 de Madrid fue el lugar desde el que Peinado condujo diligencias que trascendieron ampliamente el ámbito jurídico. La causa contra Gómez terminó por definir la imagen pública de un juez conocido hasta entonces sobre todo en los tribunales madrileños.
El relevo no modifica por sí mismo la situación procesal de las acusadas ni adelanta un resultado del futuro juicio. La presunción de inocencia permanece intacta y será el tribunal que corresponda, tras el veredicto del jurado, quien deba resolver sobre los hechos y las responsabilidades.
La toga queda atrás, pero la causa continúa. El auto firmado antes de la jubilación deja una investigación cerrada, un procedimiento encaminado hacia la Audiencia de Madrid y una pregunta abierta que ya no responderá el instructor que dirigió sus últimos años.
