Almeida anuncia acciones penales por la acampada de Sol al vencer el requerimiento
La acampada de la Puerta del Sol tiene ahora una nueva amenaza judicial sobre las tiendas. José Luis Martínez-Almeida anunció este martes 27 de octubre que el Ayuntamiento de Madrid ejercerá acciones penales si la protesta continúa cuando termine el plazo del requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno.
El anuncio llegó al Pleno de Cibeles durante una pregunta de Vox. La concejala Arantxa Cabello reclamó al alcalde que actuara con contundencia y agotara las posibilidades disponibles para poner fin al asentamiento, instalado en la plaza desde hace más de un mes.
El destinatario de la denuncia anunciada es Francisco Martín, que ha dimitido como delegado del Gobierno. Almeida le atribuye haber permitido la ocupación del espacio público por inacción. La acusación procede del alcalde y no equivale a una responsabilidad penal declarada por un tribunal.
El paso a los juzgados queda condicionado a una espera. El Consistorio ya había remitido un requerimiento a la Delegación y el regidor sostiene que debe agotarse su plazo antes de actuar. La intervención en el Pleno anuncia una denuncia futura, pendiente de esa condición.
La protesta se mantiene vinculada a la reclamación de vivienda. Su permanencia en uno de los espacios más reconocibles de Madrid ha desembocado en un enfrentamiento entre instituciones sobre quién debe intervenir y qué actuación corresponde ante las tiendas de campaña.
Almeida defendió que el Ayuntamiento está actuando dentro de sus competencias. Aseguró que ya ha impuesto más de 200 sanciones en la acampada, una cifra que presentó como parte de la respuesta municipal mientras exige que otra administración ordene el desalojo.
El alcalde también explicó que había trasladado a la Delegación problemas de higiene, salubridad, seguridad y emergencias. Esos señalamientos forman parte de los argumentos municipales para reclamar el levantamiento del asentamiento y exigir responsabilidades a Martín.
La disputa por las competencias atravesó su intervención. Almeida afirmó que, si pudiera ordenar el desalojo, encabezaría personalmente a la Policía Municipal. La declaración expresa su voluntad política, pero no anuncia una operación policial con fecha de ejecución.
La posición que había defendido Martín era distinta: mientras no hubiera disturbios, no correspondía a la Policía Nacional intervenir contra una movilización pacífica. Esa diferencia sobre las condiciones para actuar mantiene abierto el choque con el Gobierno municipal.
El alcalde rechazó que la situación de Sol pudiera describirse como pacífica y aludió a una agresión sexual denunciada en la acampada. Utilizó ese episodio para reforzar su exigencia de intervención, dentro de una discusión que combina seguridad, protesta y ocupación de la plaza.
El cruce político alcanzó a Rita Maestre y Reyes Maroto, portavoces de Más Madrid y del PSOE. Almeida les reprochó su defensa de la seguridad de la acampada y las invitó a visitarla de noche. Maroto respondió defendiendo la gestión de Martín frente a la del alcalde.
Vox ofreció colaboración al PP para terminar con la acampada, aunque Cabello advirtió de que ese apoyo no significaba complacencia. La formación también ha presentado una querella relacionada con la permanencia de la protesta y la actuación del exdelegado.
La dimisión de Martín tampoco rebajó el tono del enfrentamiento. Almeida la vinculó a su exclusión de las candidaturas socialistas y cuestionó su actuación institucional. Son reproches políticos del regidor, separados de la denuncia que el Ayuntamiento anuncia preparar.
El siguiente paso depende del vencimiento del requerimiento y de que la acampada siga en pie. Hasta entonces, el anuncio deja pendiente la presentación de las acciones penales: ni fija una fecha de desalojo ni convierte las acusaciones del alcalde en una resolución judicial.
