Carlos Cuerpo garantiza la subida de las pensiones y abre la puerta al alza del SMI con el Gobierno en funciones
La cuenta atrás hacia las elecciones del 29 de noviembre ha colocado las pensiones y el salario mínimo en el centro de una agenda con poco margen. Carlos Cuerpo ha garantizado que la revalorización de las pensiones de 2027 se hará conforme a la inflación, incluso si el Ejecutivo llega a ese momento en funciones.
La certeza política no equivale todavía a una cifra cerrada. El porcentaje de actualización dependerá de la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses previos a diciembre, un cálculo que necesita el dato de noviembre para quedar definido y que no estará disponible hasta el 27 de ese mes.
Ese calendario dibuja una secuencia incómoda: el indicador de inflación llegará dos días antes de acudir a las urnas. Con tan poco tiempo, el Gobierno no prevé contar con margen suficiente para aprobar el decreto ley antes de la votación, aunque insiste en que la actualización no quedará congelada por ese retraso.
La fórmula que se plantea pasa por actuar en diciembre, ya con el Ejecutivo en funciones. La medida requeriría un real decreto ley y, después, su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso mientras se completa la constitución de las nuevas Cortes y la formación de un nuevo Gobierno.
Cuerpo ha defendido que esa vía responde a una necesidad urgente y de interés general: evitar que millones de pensionistas entren en el nuevo año sin una confirmación formal de la cuantía que protegerá sus ingresos frente a la evolución de los precios. La promesa es clara; el encaje legal sigue sometido a valoración.
La ley fija que las pensiones contributivas se revaloricen al comienzo de cada año con la referencia del IPC. Por eso, el debate no gira sobre si habrá actualización, sino sobre cuándo se aprobará el instrumento normativo que la haga efectiva y qué capacidad tendrá un Gobierno en funciones para activarlo.
El ministro ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios del sistema, pero el calendario mantiene el suspense. La publicación del dato de inflación, la cita electoral y la posterior transición parlamentaria se encadenan en apenas unas semanas, justo cuando las familias necesitan anticipar sus cuentas para 2027.
La otra pieza de esta negociación es el salario mínimo interprofesional. A diferencia de las pensiones, su subida no exige un decreto ley, sino un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Esa diferencia abre una ventana para intentar cerrarla antes de las elecciones si el informe técnico llega a tiempo.
La comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo tiene previsto presentar su recomendación a principios de noviembre. Después deberá abrirse la consulta con sindicatos y patronal, un tramo decisivo para determinar la propuesta final y comprobar si el Ejecutivo logra llevarla al Consejo de Ministros antes del 29-N.
Cuerpo no ha avanzado una cuantía concreta para el salario mínimo de 2027. Ha ligado la decisión a la evolución de la economía, el poder adquisitivo y la productividad, y ha remarcado que el objetivo es impedir que el suelo salarial pierda capacidad de compra en un escenario todavía marcado por la presión de los precios.
El salario mínimo acumula un incremento del 66% en los últimos años y se sitúa en torno al 60% del salario medio, una referencia habitual en el debate europeo. Sin embargo, las organizaciones sindicales reclaman un aumento mayor, de al menos el 7%, lo que añade tensión a una negociación que aún no tiene cifra definitiva.
La promesa de aprobar el SMI antes de votar convive con una cautela mayor sobre las pensiones. Mientras el primer cambio puede tramitarse mediante real decreto, la segunda decisión necesita esperar al IPC y superar el filtro parlamentario. Son dos relojes distintos que avanzan bajo la misma presión electoral.
El anuncio llega mientras se intensifica la discusión política sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El Gobierno sostiene que la actualización ligada al IPC está garantizada por ley y que debe aplicarse sin demora, mientras la oposición mantiene abierto el debate sobre las reformas necesarias a largo plazo.
Diciembre aparece así como el mes decisivo. Si el informe sobre el SMI llega con rapidez, el Consejo de Ministros podría actuar antes de las urnas; si no, la atención se desplazará a la revalorización de las pensiones tras el 29-N. En ambos casos, la promesa oficial busca frenar la incertidumbre antes de 2027.
